Adiós a las llamadas comerciales desde móviles: “entra en vigor la prohibición”. A partir del 7 de junio de 2025, las empresas ya no podrán usar números móviles para realizar llamadas comerciales. Esta decisión forma parte de la ofensiva del Gobierno contra el spam telefónico y las estafas, un problema creciente en los últimos años. Desde esa fecha, cualquier comunicación comercial tendrá que hacerse desde un número fijo con prefijo provincial o desde líneas gratuitas como los 800 o 900.
El objetivo es que los ciudadanos puedan identificar fácilmente cuándo se trata de una llamada publicitaria, y evitar que se camuflen como particulares o contactos personales, un hecho que venía ocurriendo, las empresas hacían uso de número de teléfono de móviles para realizar las “temidas” llamadas comerciales. Esta medida refuerza la transparencia en las comunicaciones comerciales y limita una de las técnicas más invasivas y molestas que utilizan las empresas para captar clientes.
Nuevas reglas para frenar el fraude y las suplantaciones
El Ministerio para la Transformación Digital también ha introducido bloqueos a llamadas y mensajes que aparentan ser de origen nacional, pero en realidad provienen del extranjero. Esta técnica, muy usada en fraudes y estafas telefónicas, es conocida como «spoofing» y permite a los delincuentes suplantar a bancos, administraciones u otras entidades.
Además, las operadoras que no cumplan con la normativa se enfrentan a sanciones de hasta dos millones de euros, lo que ha motivado a estas empresas a introducir algunos cambios en sus métodos de trabajo. Esto pone presión directa sobre las compañías para que implementen filtros eficaces, dificultando el acceso de los estafadores a los usuarios y protegiendo así la integridad de las comunicaciones.
Un plan integral contra las ciberestafas
La nueva prohibición forma parte de una batería de medidas anunciadas en 2024, que ya ha conseguido bloquear más de 14 millones de llamadas falsas en apenas dos meses. Entre ellas se encuentran el bloqueo de números no asignados o virtuales y la restricción de llamadas nacionales con origen internacional sospechoso.
El Gobierno también trabaja en una base de datos oficial para identificar los remitentes legítimos de SMS, gestionada por la CNMC, lo que ha representado un paso importante en la lucha contra este tipo de estafas online. Esta medida busca frenar el uso fraudulento de mensajes que simulan ser enviados por entidades oficiales o empresas, una práctica que ha ganado terreno en los últimos años.
Las excepciones que permiten seguir recibiendo llamadas
A pesar del endurecimiento de la ley, las empresas aún podrán contactar con los usuarios si estos han dado su consentimiento previamente (algo que difícilmente ocurre, dados los antecedentes de estas empresas). Lo problemático es que dicho consentimiento suele estar oculto en cláusulas al contratar servicios o al rellenar formularios en línea, lo que hace que muchos lo concedan sin ser conscientes.
Otra excepción es el “interés legítimo”, que permite realizar llamadas si se justifica como mejora del servicio o comunicación relevante para el usuario. Estas excepciones, aunque legales, han sido utilizadas de forma abusiva por algunas compañías, por lo que siguen generando molestias a muchos ciudadanos.
Nuevas garantías para los consumidores
Una de las novedades más destacadas es la caducidad del consentimiento previo: “ya no podrá tener validez indefinida y deberá renovarse cada dos años”. Esto evita que las empresas mantengan activos contactos con usuarios que firmaron contratos hace mucho tiempo y que ya no desean recibir llamadas.
Además, cualquier contrato firmado tras una llamada comercial no deseada será considerado nulo. Esta protección legal da más herramientas a los consumidores para defenderse de prácticas agresivas y, en muchos casos, abusivas por parte de las compañías que operan en el límite de la legalidad.
El problema no desaparece, pero se estrecha el cerco
Aunque estas medidas representan un gran avance, las llamadas comerciales no deseadas o “llamadas spam” no desaparecerán por completo. Técnicas como el ‘spoofing’, las lagunas legales o la recolección de datos a través de terceros (es bastante conocido el caso de la venta de datos de una empresa a otra) seguirán dando margen de maniobra a quienes quieran seguir contactando sin permiso.
Sin embargo, la combinación de legislación, multas y nuevas tecnologías (como filtros inteligentes o registros públicos de remitentes) está reduciendo el número y la efectividad de estas llamadas, lo que constituye un paso firme en la lucha contra este tipo de delitos informáticos. La lucha continúa, pero cada nueva barrera complica más la tarea de quienes intentan colarse en nuestros teléfonos sin invitación, además la incorporación de la IA, complica aún más este escenario.
