El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha informado sobre la asignación de más de 1,7 millones de euros a la región para acoger a 30 menores migrantes no acompañados. Esta medida se enmarca en una muestra de solidaridad entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, quienes comparten la responsabilidad de hacer frente a este drama humano.
Quintana ha instado a la responsabilidad del Partido Popular, especialmente en Canarias, donde se encuentra el epicentro del problema. Según el delegado, es necesario modificar la ley para hacer obligatoria la transferencia de estos menores a otras comunidades autónomas, ya que Canarias se enfrenta a una situación insostenible.
El Rechazo de la Extrema Derecha
Quintana ha sido contundente al señalar que la extrema derecha ha demostrado no ser solidaria en este asunto, y ha pedido al Partido Popular que asuma su responsabilidad y demuestre su solidaridad, tal como lo han hecho otras comunidades autónomas.
El delegado ha criticado a aquellos partidos que «presumen de no ser solidarios» y han llevado su insolidaridad humana hasta extremos inaceptables. En este sentido, ha afirmado que es necesario poner un cordón sanitario a esta extrema derecha para frenar su actitud.
Investigación Judicial en la Diputación de Badajoz
Además, Quintana ha abordado el registro realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las dependencias de la Diputación de Badajoz, relacionado con una investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno. El delegado ha insistido en que se trata de un procedimiento judicial bajo secreto de sumario, y ha expresado su confianza en que no se encontrará nada relevante, atribuyendo la denuncia a un «pseudosindicato» con recortes de prensa.
En resumen, Extremadura ha dado un paso adelante en la acogida de menores migrantes no acompañados, demostrando su solidaridad y responsabilidad compartida con el Gobierno de España. Sin embargo, la extrema derecha ha mostrado su rechazo a esta iniciativa, lo que ha llevado al delegado a exigir una respuesta contundente para defender los valores de solidaridad y tolerancia en la sociedad española.
