La Junta de Fiscales ha avalado por un estrecho margen el criterio del fiscal general, Álvaro García Ortiz, de solicitar al Tribunal Supremo que aplique la Ley de Amnistía a la malversación, la desobediencia y los desórdenes públicos atribuidos a los encausados del ‘procés’, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Después de un intenso debate de más de cinco horas, la Junta de Fiscales se pronunció con 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Ahora, el fiscal general ha encargado a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal de Sala Jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS, Joaquín Sánchez-Covisa, que asuman la causa del ‘procés’ y presenten el informe de la Fiscalía ante el Supremo.
La Posición del Fiscal General
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, defendió que los argumentos de los fiscales hasta ahora encargados de la causa del ‘procés’ en el Supremo eran «insuficientes para poner en duda la posibilidad de entender amnistiados los delitos de malversación«. Según García Ortiz, el perjuicio patrimonial causado a la Administración por los encausados no es equiparable a un «enriquecimiento personal de carácter patrimonial«, lo que permitiría la aplicación de la amnistía.
La mayoría de la Junta de Fiscales coincidió con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos«, lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.
La Posición de los Fiscales Anteriores
Los cuatro fiscales hasta ahora encargados de la causa del ‘procés’ en el Supremo –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena– consideraban «improcedente» amnistiar la malversación atribuida a Puigdemont, a los exconsejeros procesados en rebeldía, al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y a los exconsejeros condenados.
Según estos fiscales, todos tuvieron «ánimo de lucro» y afectaron a los «intereses financieros de la Unión Europea«, lo que -según la propia Ley de Amnistía- excluye dichas conductas de ser amnistiadas. A su juicio, era «indudable» que los encausados «sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros» para ejecutar «contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España«.
Sin embargo, sí veían viable perdonar la desobediencia y los desórdenes públicos.
Ahora, la Fiscalía enviará mañana su respuesta al juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con la posición avalada por la mayoría de la Junta de Fiscales.
