El Pleno del Congreso de los Diputados se mostró este martes unánime en la aceptación a trámite de la proposición de ley sobre bebés robados durante la dictadura y primeros años de la democracia, que pretende facilitar la investigación de esos delitos y la indemnización a las víctimas.
La iniciativa fue presentada por los grupos Socialista, Unidos Podemos, ERC, PDECat, Compromís y EH Bildu y fue incluida en el orden del día dentro del cupo de iniciativas del PSOE, contando con el apoyo expreso de todos los portavoces que intervinieron en el debate, por lo que comenzará a tramitarse a partir de esta toma en consideración.
En nombre del PSOE, Antonio Hurtado subrayó la coincidencia de este debate con el Día Mundial de la Infancia y elogió la iniciativa porque no reclama nada «imposible» y es «prudente» a pesar de la gravedad de los hechos a los que se refiere, como una base de datos de víctimas, un banco de ADN o una Fiscalía especializada.
La diputada de EH Marian Beitialarrangoitia aprovechó su turno en la tribuna para reclamar la igualdad de trato de todas las víctimas, recordando el aniversario del asesinato de Josu Muguruza cuando acababa de ser elegido diputado a a quien el Congreso «le niega el recuerdo».
David Carracedo, de Unidos Podemos, explicó que ha leído cientos de relatos de víctimas, ha llorado e incluso ha vomitado sintiendo su dolor, lamentando que tomen «por locas» a esas madres o, casi peor, que cuando piden investigar el robo de sus hijos alguien les diga con buena voluntad que lo dejen pasar porque no van a conseguir nada. Ser padres no puede comenzar con un «acto monstruoso», apuntó en su intervención Feliu Joan Guillaumes, del PDECat.
Marcial Gómez, de Ciudadanos, aseguró que la iniciativa es «un buen punto de partida» para comenzar el debate, aunque hay elementos «que seguramente se pueden mejorar» y enriquecer con las aportaciones de otras asociaciones y de iniciativas ya aprobadas en algunos parlamentos autonómicos.
En nombre de ERC, Gabriel Rufián leyó varios testimonios de víctimas relatando sus experiencias y apuntó la posibilidad de que en España haya habido más robos de bebés que adopciones, «durante sesenta años, de algeciras a Girona, de Valencia a Cáceres, de 50.000 pesetas a un millón» y mediante una red organizada de médicos, comadronas, curas, monjas, funcionarios y políticos «franquistas y no tan franquistas», desde los años treinta a los noventa. «Qué hay peor que robarle el hijo a alguien», exclamó, pidiendo «por favor» a los diputados dejar de lado las siglas y permitir que esas personas «recuperen su identidad». «Si no, no merecemos estar aquí».
Miquel Legarda, del PNV, se declaró a favor de la verdad, la justicia y la reparación de unas víctimas «que nos piden ayuda y no la podemos negar», porque el drama de esos niños «debe avergonzarnos a todos» opr sus «proporciones descomunales». Subrayó que la Audiencia Nacional ve «indicios racionales» de que pudieron ser 30.000, una cifra «escalofriante», aunque las asociaciones hablan de 300.000.
También Óscar Clavell, del PP, agradeció la labor de las asociaciones que han impulsado esta iniciativa, que su grupo apoya para que pueda ser tramitada con el fin de investigar los hechos y poder resarcir a las víctimas.
