miércoles, 12 agosto 2020 15:16

Exconsejero admite que pidió trabajo para su hijo a empresario de caso Marea

Oviedo, 25 abr (EFE).- El exconsejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre ha admitido hoy que pidió al propietario de la empresa Igrafo Víctor Manuel Muñiz, procesado junto a él en el caso Marea, que consiguiera un trabajo para su hijo, “nunca a cambio de algo”, pero ha cuestionado que en su departamento se falsificaran contratos de suministro de material.

Riopedre ha testificado hoy junto a otros cuatro de los trece acusados en el mayor caso de corrupción investigado en Asturias en la tercera sesión de la vista oral, después de que el tribunal rechazase la petición de nulidad formulada por varias defensas por las escuchas telefónicas y registros realizados en la instrucción.

El exconsejero, que al igual que otros tres acusados sólo ha respondido a las preguntas de sus respectivas defensas, ha señalado ante el tribunal que juzga la causa que conoce a Muñiz desde 1984 y que mantiene con él una relación de amistad, lo que le llevó a pedirle que ayudara a su hijo.

No obstante, ha asegurado que le extrañan “enormemente” las supuestas irregularidades en el envío y la recepción de material en centros educativos después de que en los veintidós años que permaneció en la Consejería en distintos cargos nadie acudiera a quejarse pese a ser un sector “tan reivindicativo”.

“A mí me extraña mucho que eso haya sucedido así, algo ha tenido que pasar”, ha advertido tras asumir la responsabilidad de las firmas en los distintos expedientes de contratación dado que también venían suscritas por el resto de responsables de la Consejería, salvo en el caso de los contratos de menos de 30.050 euros, que los tramitaba directamente la Secretaría General Técnica.

El exconsejero, para el que la Fiscalía pide diez años y medio de prisión y una multa de 400.000 euros, ha cerrado la tercera sesión de la vista que se ha iniciado con la declaración de la exjefa del servicio en tres consejerías del Principado Marta Renedo, que afronta por su parte una petición de diez años de cárcel.

Según ha señalado, dos de sus ex directores generales -Carlos Madera en Cultura y Alberto Pérez Cueto en Administraciones Públicas- le ordenaron que contactara con proveedores para emitir facturas falsas mediante contratos menores por obras no realizadas.

La funcionaria ha señalado que esta práctica era habitual al final de cada ejercicio para atender todos los compromisos adquiridos por el Gobierno a lo largo del año y particularmente en ejercicios en los que se celebraban procesos electorales.

El fraccionamiento de pagos permitía, según Renedo, pagar facturas para las que no había consignación presupuestaria y se intentaba “dar apariencia de legalidad a procedimientos que no lo eran”, una práctica que se llevaba “en todas las consejerías” y que contaba con la autorización del Consejo de Gobierno.

Según su testimonio, sus problemas comenzaron cuando no aceptó la petición que le planteó Pérez Cueto de que una empresa creada por ella realizase la misma función que compañías como Igrafo, cuyo propietario está también procesado, para sumarse a esa bolsa de contratos supuestamente falsos con los que satisfacer compromisos de gasto adquiridos pese a no contar con consignación presupuestaria.

La actuación de Marta Renedo Avilés (cuyo acrónimo, Marea, da nombre al caso) comenzó a ser investigada a principios de 2010 durante la última etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces y las pesquisas llevaron a Igrafo y Almacenes Pumarín que, a su vez, eran proveedoras habituales de la Consejería de Educación.

Al frente de dicho departamento figuraba José Luis Iglesias Riopedre, que dimitió en agosto de 2010 alegando motivos de salud, y que fue detenido en enero de 2011 al igual que los propietarios de dichas empresas y de su número dos en la Consejería de Educación, María Jesús Otero, que hoy ha testificado también ante el tribunal.

Otero, que dejó la Dirección General tras dimitir Riopedre y para la que la Fiscalía pide once años y medio de cárcel, ha asegurado a preguntas de su abogado que las contrataciones se realizaban “en equipo” y con el visto bueno del consejero, que era “quien mandaba”.

“No teníamos falta de inventar facturas porque había una ingente cantidad de peticiones de los centros”, ha señalado. EFE

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