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Eduardo Davis

Brasilia, 4 abr (EFE).- Una eventual destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff sin base legal “no será perdonada nunca”, será un “golpe” y sembrará la “inestabilidad” en el país, afirmó hoy el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo.

El responsable de la defensa de Rousseff en el proceso que puede llevar a recortar su mandato presentó hoy sus alegatos, oralmente y volcados también en un documento de unas 200 páginas, ante una comisión de 65 diputados que decidirá si existen méritos jurídicos para enjuiciar a la mandataria, lo cual negó en forma rotunda.

Cardozo hizo una larga exposición en la que puntualizó que, según la Constitución brasileña, un mandatario sólo puede ser destituido si existe un llamado “delito de responsabilidad” y sostuvo que no es el caso.

La oposición acusa a Rousseff de incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.

Sin embargo, según Cardozo, ninguna de esas hipótesis constituye un “delito de responsabilidad”, que consideró “muy bien tipificado” en la Constitución.

“Un delito de responsabilidad sólo es considerado cuando hay un atentado contra la Constitución, no la simple violación de una ley, y siempre que sea practicado por el propio mandatario y que además sea doloso”, aseguró citando artículos de la Carta Magna.

“Fuera de esos presupuestos, cualquier proceso de impeachment (juicio político) es anticonstitucional y es ilegal”, como “lo es este propio proceso”, subrayó.

Aún así, Cardozo declaró que las acusaciones están fundamentadas en diversas operaciones financieras que fueron hechas “dentro del marco legal”, en las que “no hubo nada ilícito” y ni siquiera “mala fe”, por lo que no hay “causas jurídicas” para un juicio político.

El abogado general del Estado también atribuyó el proceso a una “venganza”, de la cual responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de Rousseff pero cuyo cargo le reserva la potestad de aceptar una denuncia contra un jefe de Estado e instaurar el proceso,

Cunha, acusado de corrupción asociada a los escándalos en la estatal Petrobras, aceptó a trámite la acusación contra Rousseff en diciembre pasado, un día después de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) decidió apoyar la apertura de un juicio con miras a su destitución de la presidencia de la Cámara Baja.

Según Cardozo, existían “presiones” de Cunha contra el PT y otras formaciones del arco oficialista para rechazar ese proceso, pero su fracaso llevó a esa supuesta represalia.

“Un Gobierno que se curve ante ese tipo de situaciones no tendría ninguna legitimidad”, dijo Cardozo ante la comisión.

El abogado general fue incluso más allá y declaró que “todo este proceso es nulo, porque es consecuencia de un abuso de poder”, del que acusó directamente a Cunha.

“En esas condiciones, si se consumase el proceso, que sería un golpe, el Gobierno que surja no tendrá ninguna legitimidad”, alertó.

La comisión elaborará un informe sobre el asunto, que se calcula que votará dentro de una semana y, según el resultado, la causa será archivada o pasará al pleno de los Diputados.

Para que el proceso prosiga, una mayoría calificada de 342 votos deberá respaldarlo, para que entonces el Senado, por mayoría simple, decida si da curso al juicio político.

En caso de que el Senado acepte las acusaciones, la presidenta deberá separarse del cargo durante 180 días, plazo que tendrá la Cámara Alta para concluir el proceso.

Durante ese lapso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución.

Temer es el presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país, que el pasado martes decidió romper con el Gobierno, lo que fue interpretado como un claro respaldo al eventual proceso contra Rousseff. EFE

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