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Eduardo Davis

Brasilia, 1 abr (EFE).- La investigación de las corruptelas en la estatal Petrobras ha desenterrado el oscuro secuestro y asesinato del alcalde Celso Daniel, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), que ocurrió en 2002 en circunstancias jamás aclaradas.

Daniel, alcalde de la ciudad de Santo André, un reducto del partido oficialista, fue asesinado en momentos en que integraba el equipo de coordinación de la campaña electoral con la que el máximo líder del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fue elegido presidente de Brasil.

El juez federal Sergio Moro, responsable por escudriñar la vasta red de corrupción en la petrolera, ordenó este viernes una nueva fase de esta monumental investigación y dictó varias órdenes de prisión preventiva, que incluyeron al empresario Ronan María Pinto, cuyo nombre fue citado en la investigación por la muerte del alcalde.

La Fiscalía dijo que intenta determinar por qué Pinto, hoy dueño del diario Grande ABC y hasta hace algo más de diez años dedicado al ramo del transporte, recibió la mitad de un crédito de 12 millones de reales (3,2 millones de dólares) obtenido en 2004 por el hacendado José Carlos Bumlai, un íntimo amigo de Lula.

Bumlai es investigado actualmente por la corrupción en Petrobras y obtuvo ese crédito con el Banco Schahin, pero se sospecha que una mitad la utilizó para pagar deudas de campaña del PT y la otra se la entregó a Pinto.

Hasta ahí, según dijo la Fiscalía, se investiga el destino de un préstamo supuestamente fraudulento que habría servido para financiar al PT, en operaciones similares a las ya detectadas en el marco de las averiguaciones en Petrobras.

Sin embargo, la incógnita es el papel de Pinto en la repartición de ese dinero.

Desde hace años se asegura en fuentes políticas y judiciales que Pinto, cuya antigua empresa de transporte operaba en Santo André, guarda secretos sobre la muerte del alcalde Celso Daniel y hay quien sostiene que en su época llegó a chantajear a altos dirigentes del PT con esa información.

A fines de 2001, Daniel fue nombrado coordinador de la campaña de Lula para las elecciones presidenciales del año siguiente, que a la postre fueron las primeras que ganó el exsindicalista.

No obstante, fue secuestrado el 18 de enero de 2002 cuando regresaba de una cena y su cadáver, con siete impactos de bala, fue encontrado dos días después en las afueras de Sao Paulo.

La investigación concluyó que el crimen fue obra de delincuentes comunes, versión que dejó satisfecho al PT, pero no a la familia de la víctima ni al Ministerio Público, que siempre argumentaron que quedaron muchos puntos oscuros en el caso.

Según la Fiscalía, en la época del crimen operaba en la alcaldía de Santo André una red de corrupción para recaudar dinero ilegalmente para el PT.

Los familiares de Daniel han denunciado que el alcalde fue asesinado por órdenes de algunos dirigentes del PT porque pretendió disolver la red de corrupción, pues temía que su descubrimiento perjudicaría la candidatura de Lula.

Entre los puntos más oscuros del caso están los asesinatos de seis personas que de una u otra forma tuvieron alguna relación con el crimen.

Entre ellos, un presidiario que supuestamente dirigió la banda que mató al alcalde, asesinado en la cárcel días después de su captura, y el camarero que atendió la mesa en que Daniel y uno de sus asesores, Sergio Gomes da Silva, cenaron antes del secuestro.

Una séptima muerte asociada fue la del médico Carlos Delmonte Printes, quien hizo la autopsia del cadáver de Daniel; denunció huellas de tortura luego desmentidas y fue hallado sin vida en su consultorio tiempo después, lo que fue atribuido a un suicidio.

El Ministerio Público apuntó como inductor del asesinato de Daniel a Gomes da Silva, que habría sido uno de los beneficiarios de la corrupción en Santo André, y en cuyo vehículo transitaban cuando fue secuestrado el alcalde.

Las explicaciones de Gomes da Silva acerca de las circunstancias del secuestro evidenciaron varias lagunas, pues entre otras cosas no supo explicar por qué se llevaron al alcalde y a él ni lo tocaron.

En uno de los párrafos del documento en que justificó la acción policial de este viernes, el juez Moro indicó que “es posible que ese esquema criminal” descubierto a partir de un crédito fraudulento “tenga alguna relación con el homicidio del alcalde de Santo André, lo que sería todavía más grave”.

La operación de este viernes fue bautizada “Carbono 14”. Un jefe de la Policía explicó que era porque se refiere a “hechos antiguos”, pero también apuntó que se intenta desvelar “algunos asuntos que en el imaginario popular han quedado como nunca resueltos”. EFE