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Madrid, 20 ene (EFE).- La empresa pública Acuamed acordó con FCC una “compensación indebida” de 40 millones de euros, pactada con “cargos de alto nivel del Ministerio” de Agricultura, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales de 2015.

Según explica el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, FCC y Abengoa debían pagar los desperfectos después de que se inundara la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), de la que habían sido previamente adjudicatarias, pero Acuamed pactó con FCC que el dinero que estaba obligada a desembolsar (40 millones) se lo compensaría luego con otros contratos.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros.

Velasco explica que varios funcionarios se opusieron a estas irregularidades, por lo que no se liquidó el contrato y la desaladora se quedó sin arreglar.

Entonces, se previó cubrir esa “compensación indebida” en los presupuestos generales del Estado de 2015, y aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se “persistió” en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 “a una compensación de 8 y 14 millones”, asegura el juez en el apartado dedicado al contrato de la desaladora, uno de los seis que se investigan dentro de la causa contra Acuamed.

El magistrado recuerda que FCC y Abengoa debían, de hecho, haber pagado el 100% de los desperfectos, pero Acuamed accedió a abonar un 40% y que la UTE solo pagara el 60% (que son los 40 millones), cuando, insiste el juez, esos desperfectos no eran “responsabilidad de la Administración”. EFE