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Martí Quintana

México, 1 ene (EFE).- Tras un 2015 con graves denuncias ante la crisis de derechos humanos en México y el destape de faltas en la investigación del caso Iguala, el Gobierno tiene 2016 para cambiar de rumbo y mostrar su acercamiento a las víctimas impulsando leyes para combatir la desaparición y la tortura.

El Congreso aprobó en abril de 2015 una reforma constitucional que facultaba al Legislativo a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.

La iniciativa, una petición largamente exigida por las víctimas y sus familiares, fue finalmente vista como indispensable en vista de la mala imagen internacional del país en materia de derechos humanos con casos como la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala del sureño estado de Guerrero en septiembre de 2014.

La reforma llegó en la estela de varios informes de organizaciones no gubernamentales y, especialmente, del análisis del relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, quien dijo que en el país la tortura y los malos tratos durante la detención y la puesta a disposición judicial eran generalizados.

No obstante, la aprobación de las leyes generales quedó varada en las cámaras legislativas, a pesar del compromiso expreso de que saldrían antes de cumplirse 180 días desde la publicación oficial de la reforma en julio; es decir, a fines de 2015.

En octubre, una visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, hundió más el dedo en la llaga.

Habló de una “ola de violaciones” a los derechos humanos y urgió a luchar contra la impunidad en un país donde 98 % de los crímenes quedan sin resolver.

El 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso sendas iniciativas de ley para prevenir y sancionar la desaparición de personas y para combatir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Dijo refrendar su compromiso “firme y decidido” en esta materia y aludió a la importancia de mejorar el marco normativo.

Dentro del proyecto en materia de desaparición, el mandatario estableció la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre otras medidas.

Sobre la segunda iniciativa, dijo que busca erradicar la tortura y otras formas de trato inhumano y prevé la creación de unidades especializadas de investigación.

Aunque estas propuestas salidas del Gobierno podrían interpretarse como un avance decisivo, organizaciones civiles temen que se trate de leyes a modo, que protejan a los militares, eximan de responsabilidades al Estado y no cumplan con las exigencias de las víctimas.

La ONG Comité Cerezo informó a Efe que se espera que dichas leyes generales sean aprobadas en febrero próximo.

Si bien en enero se escucharán todas las voces implicadas -hay entidades civiles que ya presentaron sus propias propuestas al Legislativo-, las ONG temen que terminen prevaleciendo las iniciativas gubernamentales, sin cambios.

Además de esta anunciada legislación, el Gobierno deberá también el próximo año mostrar avances en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela para maestros de Ayotzinapa luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tumbara en septiembre pasado la llamada “verdad histórica”.

Ésta consideraba que los jóvenes fueron arrestados por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio aledaño de Cocula.

No obstante, los expertos no hallaron pruebas concluyentes en ese sentido, pidieron nuevas líneas de investigación y plantearon nuevas hipótesis sobre el crimen.

El Gobierno movió ficha, creando en octubre una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas y permitiendo que en las investigaciones del caso colabore el GIEI, al que prorrogó su mandato otros seis meses. También anunció un nuevo peritaje en el basurero.

Estas medidas fueron tomadas como un progreso por los padres de los jóvenes, si bien con mucha cautela.

“El acercamiento ha sido hacia la verdad, no hacia el Gobierno. Nosotros seguimos en la desconfianza, pero confiamos en la unidad que se creó”, dijo a Efe el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, el día en que se cumplían 15 meses de la desaparición de los 43.

En un país como México, que acumula las escabrosas cifras de más de 150.000 personas asesinadas y 26.000 personas no localizadas desde 2007, el recelo hacia las instituciones y las fuerzas de seguridad es el pan de cada día.

Resta por ver si, con las nuevas leyes, el Gobierno da el golpe de timón tan prometido y reclamado dentro y fuera del país. EFE