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“En todo momento estamos colaborando con el juez remitiéndole toda la documentación”, ha asegurado Pastor en declaraciones a los periodistas tras ser preguntada por la decisión del magistrado Luis Aláez de no imputar a Renfe por el accidente que costó la vida a 79 personas.

En el auto, Aláez rechaza el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón, que ejerce la acusación en nombre de una de las víctimas, para solicitar la imputación de Renfe.

Aláez, además de rechazar cualquier responsabilidad de Renfe en el siniestro, valora el papel de la compañía ferroviaria respecto a la seguridad en el tramo en el que se produjo el descarrilamiento, en el barrio compostelano de Angrois, a escasos kilómetros de la estación de Santiago de Compostela.

El juez insiste, por tanto, en la responsabilidad de Adif y aunque precisa que el gestor ferroviario “cumplió con las concretas exigencias impuestas por el Reglamento General de la Circulación ferroviaria de señalizar oportunamente el cambio de velocidad que afectaba a la curva de A Grandeira, no llevó a cabo un control efectivo de los sistemas de seguridad”.

Aláez remarca que era responsabilidad de Adif el “control” y la “revisión” constante de los elementos que garantizasen la circulación.

Igualmente, entiende que el gestor ferroviario debía tomar las medidas necesarias “con el fin primario de prevenir accidentes”.

Finalmente, asegura que el sistema de seguridad ERTMS, el más avanzado, “no era obligatorio” en el lugar en el que se produjo el descarrilamiento.

El juez imputó al maquinista, cuatro días después del siniestro, y varias semanas más tarde el caso dio un vuelco cuando también acordó imputar, por apreciar imprudencia, al responsable o responsables de seguridad del tramo Ourense-Santiago a fecha de 24 de julio, día del accidente, para lo que demandó de Adif que le concretase quiénes eran.

Adif envió el 29 de agosto la lista de responsables de seguridad del tramo Ourense-Santiago después de anunciar que incluiría a todas las personas que intervinieron en la seguridad en la circulación del tren y en las infraestructuras ferroviarias, desde la construcción hasta la explotación de la línea más todas las competencias que esto conllevase.

Dicha relación incluye tanto a las personas del nivel central y general como a las delegaciones de los distintos ámbitos geográficos para dar así “cumplida respuesta” a los informes que solicitó el juez Aláez en su auto.