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En dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil analiza las cuatro ayudas que recibió Saldauto, una de las cuales, por importe de 200.000 euros concedida en el 2008, contravenía la normativa de la UE que prohíbe las ayudas “que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”.

Se trataba de una “ayuda directa” que “prescindió de cualquier procedimiento administrativo e incumplió la normativa en materia de subvenciones”, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El informe asegura que “existe claramente una voluntad de disfrazar las ayudas directas a empresas como ayudas sociolaborales” ya que “es patente que podrían haberse otorgado en el marco de otros proyectos y si no se ha hecho es por la arbitrariedad y falta de justificación con arreglo a la normativa común a todos los expedientes estudiados hasta el momento”.

En el atestado, la Guardia Civil afirma que el diputado andaluz -ya imputado- Ramón Díaz Alcaraz (PSOE) “hizo valer su influencia como asesor del director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero” para que se otorgara esa ayuda directa a Saldauto porque el marido de su exsecretaria en la UGT, Josefa Navarrete, era delegado sindical de la empresa.

Además, según la declaración del delegado en Andalucía de la mediadora Vitalia, Jesús Bordallo, Díaz Alcaraz le llamó “indicando que debía incluirse en la póliza de Saldauto a los intrusos Antonio González Pérez y Rafael Rodríguez Fuentes”.

La Guardia Civil recoge las manifestaciones de una asesora técnica de la Dirección General de Trabajo, según la cual “Ramón Díaz no sólo era conocedor de la inclusión de personas ajenas a Saldauto en el expediente, sino que también fue quien llevó a cabo las acciones necesarias para que esto sucediera”.

Los investigadores citan dos ayudas correctas a Saldauto: una de diciembre del 2003 en materia de Desarrollo de Empresa, por importe de 450.000 euros, y otra del Plan Global de Andalucía 2000-2006 por valor de 300.644 euros.

Sin embargo, la ayuda de 200.000 euros constituyó también una ayuda a empresa “a pesar de que se ha tramitado y concedido como ayudas sociolaborales”, cuando “en realidad es una subvención directa camuflada”.

Respecto a la póliza para sufragar las prejubilaciones de ocho personas, entre las cuales hubo tres intrusos que nunca habían trabajado en Saldauto, la Guardia Civil entiende que se hizo “de nuevo sin ningún procedimiento ajustado a Derecho” en un expediente por el que se libraron 466.342 euros.