Compartir

Unos cinco mil manifestantes ocuparon hoy la Plaza de Armas frente a la sede del poder Legislativo, después de recorrer, cortando el tránsito, las calles del centro de la capital para pedir que el Gobierno no privatice empresas, que realice la reforma agraria pendiente, y que escuche los reclamos de los trabajadores.

La movilización fue organizada por la Coordinadora Sindical, integrada por la Central Nacional de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay y el Frente Sindical y Social.

Tras la caminata, los activistas se concentraron en la plaza, donde cinco de las ocho personas que estaban crucificadas en una ciudad aledaña a Asunción en protesta por el despido de ocho conductores de autobús se trasladaron con sus cruces de madera a la que están unidos con clavos en las manos.

La marcha se realiza dentro del “Congreso Unitario Sindical, Campesino y Social”, que consiguió reunirse con los titulares de los tres poderes del Estado: el presidente Horacio Cartes, el presidente del poder Legislativo, Julio César Velázquez y Antonio Fretes titular del poder Judicial.

El secretario general de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), Juan Torales, dijo a Efe que Cartes “hasta el momento escuchó a todos los empresarios pero no a los trabajadores”, y reivindicó su turno para realizar propuestas al Gobierno sobre “un modelo de desarrollo alternativo que pase por la agroindustrialización de la materia prima”.

“Queremos libertad sindical, no criminalización de los movimientos sociales, cobertura social y una política salarial y de empleo, sin reajustes, después del aumento del 10 por ciento de los costes de vida”, añadió Torales.

Los sindicatos y las distintas plataformas coincidieron en demandar una política tributaria diferente, donde los ricos paguen más que ahora y el Estado recoja más impuestos para poder invertir en mejoras sociales y de infraestructura.

Las organizaciones campesinas centraron su pedido en un “nuevo modelo de desarrollo productivo para la democratización de la tierra y el combate a la pobreza extrema”, según dijo a Efe el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay, Luis Aguayo.

Aguayo informó de que el texto entregado al Gobierno pide evitar la privatización de empresas estatales, desea un mayor impulso al empleo digno y decente, un fortalecimiento de las políticas sociales, de salud, educación y vivienda.

“Falta ayuda a la pequeña y mediana empresa, y a las cooperativas, además de la recuperación de las tierras ocupadas ilegalmente por latifundistas que para colmo casi no pagan impuestos”, añadió Aguayo.

El vicepresidente del Gobierno, Juan Afara, dijo hoy a periodistas que “todos tienen derecho a peticionar”, porque eso forma parte de la democracia, y que su gabinete está abierto al diálogo con todos los sectores, pero con matices.

“Tenemos que ser realistas y serios. ¿De dónde vamos a sacar el dinero?”, para implementar las medidas que proponen los sindicatos, cuestionó Afara.