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Un fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos emitió una resolución favorable a la expropiación dentro de un amplio proceso que afecta a 883 establecimientos de comercio y ocho sociedades pertenecientes a la distribuidora Drogas La Rebaja y la Cooperativa Copservir Limitada por una cuantía de 25 millones de dólares.

“La solicitud de extinción de dominio fue presentada ante un juez, quien será el que defina la situación de los bienes que tienen medida cautelar desde 2003 y se encuentran bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Las investigaciones apuntaron fraudes en las operaciones por las que se transfirieron las droguerías de sus propietarios originales, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, miembros del Cartel de Cali y extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, a una cooperativa de empleados de esa cadena.

Según la Fiscalía, las investigaciones conjuntas con la Policía y la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) permitieron establecer que las droguerías de los hermanos Rodríguez Orejuela pasaron en 1990 a manos de miembros de su núcleo familiar por medio de la cesión de las acciones.

Posteriormente, en 1996, las droguerías fueron adquiridas por la Cooperativa Multiactiva de empleados de Distribuidora de Drogas, Copservir Limitada, constituida por trabajadores de la red de farmacias, en una operación por 35.000 millones de pesos (unos 17,9 millones de dólares de hoy), según la Fiscalía.

Según el jefe de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, Julián Quintana, a pesar de la transferencia, los hermanos Rodríguez Orejuela “siguieron teniendo el dominio absoluto de la propiedad y también recibiendo las utilidades” de Drogas La Rebaja.

Quintana agregó que las pruebas recolectadas en el proceso mostraron que la supuesta venta de los establecimientos se realizó sólo en el papel.

“Se pudo establecer que los empleados tenían pleno conocimiento que los bienes tenían origen ilícito y las utilidades seguían siendo entregadas a los testaferros de los hermanos Rodríguez Orejuela, los cuales reconocieron ante una corte en Estados Unidos que lavaron más de 2.000 millones de dólares con estas empresas”, agregó el funcionario.