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El decreto dispone “el empleo de elementos de combate” de las Fuerzas Armadas “con la finalidad de garantizar la seguridad interna” en los departamentos de Concepción (centro), San Pedro (norte) y Amambay, fronterizo con Brasil.

El pasado 17 de agosto, cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de una empresa brasileña instalada en San Pedro fallecieron en un supuesto ataque del EPP, lo que elevó a unos 30 los muertos atribuidos por el Gobierno al grupo desde 2005.

Cartes, conservador, quien asumió su cargo el 15 de agosto pasado, resolvió de inmediato el envío de fuerzas militares a la zona, medida para la que pidió rápidamente al Congreso la modificación de una ley para permitir a las FFAA perseguir y eventualmente combatir enemigos internos, como sería el EPP, una tarea hasta ahora a cargo de la Policía, que no tuvo éxito.

Mediante el decreto firmado por el presidente el sábado y publicado hoy, el general de brigada Mario Restituto González Benítez fue designado como comandante de Operaciones de Defensa Interna, quedando bajo su control los efectivos de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en los departamentos mencionados.

El decreto asegura que “grupos delictivos realizan actos criminales y terroristas en la zona de los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, contra ciudadanos y sus bienes y contra autoridades e instituciones del Estado, amenazando y poniendo en riesgo la vida, la libertad, y los derechos de las personas y sus bienes”.

“Así como el libre ejercicio de las funciones constitucionales y legales de las autoridades legítimamente constituidas, pudiendo trasladar sus acciones criminales a otros departamentos del territorio nacional”, añade el texto.

El nuevo presidente promulgó el jueves las enmiendas a la Ley de Defensa para emplear al Ejército en casos de “agresión interna” como el terrorismo y las “amenazas” a las autoridades, que le había solicitado al Legislativo.

En menos de 24 horas, la Cámara de Diputados y el Senado debatieron y aprobaron las enmiendas que modifican la ley para poder utilizar a las Fuerzas Militares en el combate contra el EPP sin necesidad de imponer el estado de excepción.