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El tribunal también confirmó la absolución de otros cinco procesados en el fallo de primera instancia, dictado el 10 de septiembre de 2010 por el juez especial Alejandro Madrid.

Entre los condenados hay tres generales del Ejército chileno y tres altos oficiales uruguayos implicados en el secuestro y asesinato de Berríos, cometido en 1991 en Uruguay.

En un fallo dividido, los jueces de la V Sala del tribunal santiaguino condenaron al exmayor Arturo Silva Valdés, señalado como autor del crimen, a 15 años y un día de prisión por el delito de secuestro con homicidio y a cinco años y un día por asociación ilícita.

En primera instancia, Silva había recibido diez años y un día y tres años y un día por ambos delitos.

Al general retirado Hernán Ramírez Rurange se le aumentó la pena de ocho a diez años y un día por asociación ilícita, mientras el general Eugenio Covarrubias, condenado antes a cinco años por secuestro, recibió ahora diez años y un día por ese delito más cinco años y un día por asociación ilícita.

El general Fernando Torres Silva, exauditor del Ejército, fue condenado a diez años y un día por asociación ilícita en lugar de los tres años de su primera sentencia.

El exmayor Jaime Torres, condenado en 2010 a ocho años por secuestro, fue sentenciado ahora a diez años y un día por ese delito y a cinco años y un día por asociación ilícita.

En cuanto a los militares uruguayos, el coronel Tomás Casella, condenado antes a cinco años y un día por secuestro y a tres años y un día por asociación ilícita, recibió ahora diez años y un día por el primer delito y cinco años y un día por el segundo.

El coronel uruguayo Eduardo Radaelli pagará 10 años y un día por secuestro y 800 días por asociación ilícita, tras haber sido condenado en primera instancia a cinco años y un día por el primer delito y a 61 días por el segundo.

El también coronel Wellington Sarli, condenado antes a tres años y un día como cómplice de secuestro, recibió ahora cinco años y un día por ese delito y 60 días por asociación ilícita.

Al exoficial Manuel Provis se le aumentó desde ocho años por secuestro y asociación ilícita a diez años y un día por el primer delito más cinco años y un día por el segundo.

Pablo Rodríguez recibió una pena aumentada de diez años y un día por secuestro y otros 800 días por asociación ilícita, al igual que el ex empleado civil del Ejército Raúl Lillo, tras una primera condena de cinco años y un día, en tanto Manuel Pérez Santillán recibió una pena elevada de cinco años y un día por secuestro.

Los ex oficiales Marcelo Sandoval y Nelson Román recibieron también penas aumentadas de diez años y un día por secuestro y 800 días por asociación ilícita.

La Corte confirmó las absoluciones de los oficiales Enrique Ibarra, Nelson Hernández, Mario Cisternas y Érika Silva y del civil Emilio Rojas.

Eugenio Berríos fue sacado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991, bajo el nombre falso de Tulio Orellana, para impedir que declarara en el juicio por el homicidio del excanciller Orlando Letelier, perpetrado en 1976 en Washington.

El agente fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 fue encontrado su cadáver en una playa de ese país, atado y con disparos en el cráneo.

En el aspecto civil, la Corte revocó el pago de indemnizaciones por parte del Estado chileno a Fabiola Letelier, hermana del canciller asesinado, y a Gladys Schmeisser, viuda de Berríos, y sólo mantuvo la correspondiente a Gonzalo Berríos, hermano del agente asesinado, fijada en 20 millones de pesos (unos 30.000 euros).