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Según fuentes judiciales, el abogado que representa al Estado argentino, Sebastián dal Pozzo, sostuvo que la medida cautelar que ahora pesa sobre Romano es “no es suficiente impedimento para que se sustraiga a la acción de la justicia”.

El letrado presentó la solicitud el miércoles, horas después de conocerse que la Corte Suprema de Justicia chilena autorizó la extradición de Otilio Romano a Argentina, gestión que se podría concretar esta misma semana, según indicó a Efe una fuente judicial.

Dal Pozzo basó su petición en que el exmagistrado llegó a Chile con el propósito de eludir las acciones judiciales iniciadas en su contra en Argentina.

Romano fue suspendido como juez el 25 de agosto de 2011, pero un día antes había huido a Chile tras ser citado a declarar por cargos de complicidad en secuestros, torturas y desapariciones cometidas durante el régimen militar, cuando fue fiscal en la ciudad de Mendoza.

Cuatro meses después, el 15 de diciembre de 2011, fue destituido por el Consejo de la Magistratura argentino, que lo consideró “cómplice” de la dictadura militar.

Previamente, en septiembre de 2011, Romano había solicitado asilo político en Chile, lo que le permitió recibir un visado temporal de ocho meses, pero el Gobierno chileno rechazó esa petición en mayo de 2012.

Mientras se resolvía su petición de asilo, Argentina solicitó su extradición y en febrero de 2012 la Corte Suprema de Chile ordenó su detención, aunque le permitió permanecer bajo arresto domiciliario nocturno en una residencia en Reñaca, una localidad del litoral central de Chile.