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MADRID (Reuters) – La Audiencia Nacional decretó el martes prisión provisional para el pederasta español cuyo indulto fue concedido y luego revocado por Marruecos, en una decisión que abre nuevos interrogantes sobre el futuro del preso que reclama el reino alauí.

Galván, detenido la víspera en Murcia tras la emisión de una orden internacional de busca y captura por parte de Marruecos, declaró durante cerca de una hora y media ante el juez Fernando Andreu, que determinó su entrada en prisión por el riesgo de fuga.

“(Carece) en España de un mínimo arraigo familiar, social, económico, laboral o de otro tipo que neutralice la tentación de ponerse fuera del alcance del aparato judicial penal en caso de ser puesto en libertad”, dijo el auto del juez.

Galván nació en Irak, adquirió la nacionalidad española al casarse con una mujer de la que ahora está divorciado y ha residido la mayoría de su vida en Irak y España, aunque también lo ha hecho en Egipto, Siria, Jordania, Reino Unido y Marruecos, según el auto, que menciona su propia declaración.

El preso, cuyo abogado pidió la libertad, estaba cumpliendo en Marruecos una condena de 30 años por violar y grabar al menos a 11 niños de entre 4 y 15 años cuando la semana pasada fue indultado junto con otros 47 presos españoles por el rey de Marruecos, Mohamed VI.

El monarca marroquí decidió retirar la medida de gracia al tener en cuenta la gravedad de los delitos y después de que cientos de personas se manifestaran el viernes pasado ante el Parlamento marroquí para protestar por la decisión.

Galván fue uno de los encarcelados españoles indultados por el rey marroquí tras la visita del rey Juan Carlos I a Marruecos el mes pasado y como parte de una tradición por la celebración de la Fiesta del Trono.

El Gobierno español había solicitado a Marruecos el indulto de una parte de esos presos, mientras que para otros, entre ellos el pederasta, pidió sólo su traslado a prisiones españolas, según el Ministerio de Exteriores.

LABERINTO JURÍDICO

Tras la prisión preventiva de Galván, se abren nuevos interrogantes en un complicado proceso judicial y diplomático que fuentes jurídicas calificaron de “atípico” y “sin precedentes” en España.

Las autoridades españolas consideran “bastante razonable” que Galván acabe cumpliendo lo que le resta de condena en España, según manifestó un alto cargo del Ministerio de Justicia tras reunirse con un homólogo marroquí por la tarde en Madrid.

Preguntado sobre esa posibilidad, el director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, respondió que “no se descarta en absoluto, de hecho es una posibilidad que parece bastante razonable. Si no hubiese sido erróneamente indultado, estaríamos tramitando su expediente para cumplir la pena aquí en España”

La Justicia española tendrá que decidir entre esta opción o iniciar el proceso de extradición a Marruecos, algo que parece menos probable dado que un tratado bilateral entre ambos países impide extraditar a ciudadanos españoles a Marruecos.

“No es este el momento procesal en el que corresponde examinar cuál debe ser la decisión final sobre la reclamación efectuada”, dijo el juez Andreu en el auto del martes.

Si se iniciara el proceso de extradición, se abriría un plazo de 40 días para que el reino alauí remitiera documentación con la revocación del indulto – una figura legal que presenta complicaciones porque en España no existe.

“Las circunstancias en que se produjo ese indulto y su posterior anulación deberán ser analizadas una vez tenga entrada toda la documentación extradicional”, dijo el auto.

En el hipotético caso de que Marruecos no presente en 40 días la documentación para pedir la extradición, “podrá ponerse fin a la detención preventiva”, según el tratado de extradición entre ambos países que cita el auto de la Audiencia Nacional

Después de ese plazo, y siempre que se presente toda la documentación por parte de Marruecos, el Consejo de Ministros español dispondría de otros 40 días para pronunciarse sobre la extradición, y posteriormente la Sala de lo Penal decidiría sobre la extradición en un fallo que puede ser recurrido, dijeron las fuentes.