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“Las condiciones de existencia en las cárceles son totalmente contrarias a la dignidad humana”, dijo el relator para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe en la Casa Presidencial en Tegucigalpa.

El relator indicó que es imprescindible que todas las autoridades del Estado de Honduras “impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que este atraviesa”.

Entre las conclusiones del informe de la CIDH, Escobar Gil señaló que la grave situación de las cárceles en Honduras es el resultado de la ausencia, durante décadas, de una política publica integral orientada a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El relator de la CIDH fue recibido por el vicepresidente, Víctor Hugo Barnica, en representación del presidente hondureño, Porfirio Lobo.

Sobre el incendio registrado el 14 de febrero de 2012 en la Granja Penal de Comayagua, en el centro de Honduras, en el que murieron 361 personas, el informe señala que “esta tragedia no fue un hecho inédito en Honduras, ya que en 2004 murieron 107 internos en un incendio en la penitenciaria nacional de San Pedro Sula”.

“En ambos incendios las autoridades del Estado tenían demostrado conocimiento de la situación de riesgo y no adoptaron las medidas correctivas y oportunas para evitar la tragedia”, subraya el texto.

El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, alberga a unas 13.000 personas cuando su capacidad es para unas 8.000, según autoridades locales.

La mayoría de los reos viven hacinados en edificios obsoletos y en condiciones infrahumanas, según organismos de defensa de los derechos humanos.