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En concreto, el juzgado establece posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, han informado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En las diligencias previas abiertas, el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, acudió a declarar en julio del pasado año ante el Juzgado, que no ha incluido en el auto de imputación al regidor y que sí ha considerado la supuesta responsabilidad del exconcejal de Urbanismo del consistorio José Antonio García de Coca.

Además de García de Coca, la resolución del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid imputa a quienes entonces llevaban a cabo funciones de secretario del consistorio Valentín M.E. y a Modesto M.H.; José Luis C.B.; Luis A.A.; Luis Ángel L. y José Luis B., quienes trabajaban también en el consistorio.

Respecto a las empresas, el juzgado atribuye la posible comisión de delitos a Vallenava Capitol, Progot, Capitol Promociones y Parkosa, han precisado fuentes del TSJCyL.

El auto argumenta la no tramitación del cambio del PGOU mediante su revisión en lugar de modificación; no haber dado cuenta del texto único por el pleno municipal a todos los grupos, con tiempo para examen del texto antes de su remisión para su publicación y la ausencia de requisito de control por la Consejería de Fomento del Texto único, también antes de su publicación.

Considera que el procedimiento de revisión o los controles señalados posiblemente pudieron haber evitado que se publicase en el Boletín Oficial un texto con planos distintos al que debió ser publicado, según dichas fuentes.

La investigación acometida por el Juzgado de Instrucción número 1 se ha llevado a cabo desde 2008 con doce personas llamadas a declarar como imputadas y otras veintidós testigos, dentro de un proceso que ha conllevado 32 tomos de procedimiento principal.