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El abogado de Castaño ha recurrido la prisión sin fianza que dictó Alaya contra él por, supuestamente, aceptar un pago de 30.000 euros procedente de dos empresas contratistas del Ayuntamiento, así como haber recibido regalos de coches y siete teléfonos móviles.

En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, Castaño recurre también la fianza civil de 7.633.325 euros pues los contratos de las empresas Fitonovo y Fiverde “en ningún caso pudieron ser adjudicados” por él, que carecía de toda competencia para ello.

En la hipótesis de que se adjudicaran de forma fraudulenta, “los beneficios obtenidos hubieran revertido en las empresas” y “en ningún caso en el patrimonio del señor Castaño”, añade el abogado José Manuel García Quílez en su recurso.

El recurso tacha de “desorbitada, desproporcionada y carente de toda justificación” la fianza civil impuesta a Castaño porque “los supuestos conceptos considerados como dádivas han sido justificados en cuanto a su origen lícito”, y por tanto no deben ser incluidos en el sumatorio final.

Castaño está también imputado en la rama sobre lo que la juez ha denominado venta “fraudulenta” de los terrenos de Mercasevilla, por lo que su abogado recuerda que lleva más de un año sabiendo que sus ingresos están siendo investigados “y ha sido el propio encausado, en un escrito dirigido al juzgado en septiembre de 2012, quien ha justificado pormenorizadamente el origen de su patrimonio”.

La juez de los ERE imputó a Castaño los delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales por su etapa como asesor del Grupo Municipal Socialista y como director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla entre el 2003 y el 2007.

El recurso del exasesor califica de “invento” el supuesto pago de 30.000 euros al PSOE por parte de las empresas Fitonovo y Fiverde y dice que el presunto enriquecimiento patrimonial de él mismo y de su esposa “puede ser justificado al completo” pues ambos son abogados en ejercicio y tienen ingresos derivados de su actividad.

Alaya ha impuesto fianzas civiles millonarias a varios de los 93 imputados en el caso de los ERE, entre ellos los 807 millones del exconsejero Antonio Fernández, los 686 millones del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y los 173 millones de su sucesor Juan Márquez.