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El juez Pablo Ruz procedió ayer mismo a la apertura y clonado del pendrive y ordenó que se hicieran dos copias con su contenido: una para uso de la Policía y otra para el Juzgado, mientras que el soporte original queda bajo la custodia del secretario judicial.

Según han informado hoy a Efe fuentes jurídicas, al fiscal del caso, Antonio Romeral, se le ha facilitado una copia para que informe sobre las imágenes y documentos personales del extesorero que contenía el lápiz de memoria que deben ser eliminados por no ser de interés para el procedimiento. Hasta que el fiscal no informe al respecto el juez no dará traslado a las partes de su contenido.

La copia de la UDEF es en “imagen”, lo que permite acceder a “metadatos” para determinar la fecha en la que fueron insertados esos archivos, siempre y cuando no hayan sido insertados por un experto en informática.

Si lo ha hecho un usuario habitual, lo normal es que quede rastro del momento en que los archivos se insertaron en el soporte aportado por Bárcenas, según han explicado las citadas fuentes, al precisar que de este modo se podría averiguar si la documentación ha sido elaborada recientemente o si realmente se elaboró en las fechas a las que hace referencia.

En el lápiz de memoria han aparecido, según otras fuentes jurídicas, una veintena de archivos, aunque alguno de ellos es de carácter personal e íntimo del extesorero, y sobre estos el juez ya advirtió el pasado martes en un auto que serían eliminados para evitar la vulneración de derechos fundamentales.

En esa resolución, Ruz acordó incorporar a la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP el contenido del pendrive y las 9 carpetas de colores con documentos que también facilitó el extesorero el día de su comparecencia.

Ha creado para ello una pieza documental separada de la causa, denominada “Documentación aportada por Luis Bárcenas Gutiérrez”, con el objeto de simplificar y agilizar la investigación.

El diario El Mundo publicó ayer que en ese pendrive aparece documentación contable que fija en 8,3 millones de euros el “dinero negro” que, según la contabilidad del extesorero del PP, “se manejó durante dos décadas en Génova (sede del partido)”.