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En una vista celebrada hoy en la sede del Tribunal Superior de Londres, el juez Robert Owen informó, en presencia de la viuda del antiguo agente de los servicios secretos rusos, Marina, de que su solicitud fue rechazada esta mañana por el Gobierno.

Litvinenko, que estaba refugiado en el Reino Unido, fue asesinado en Londres en 2006 con la sustancia radiactiva polonio-210 y su familia acusó a Moscú de haber planeado su muerte.

Owen está encargado de investigar las circunstancias de la muerte, un procedimiento habitual en el Reino Unido en caso de defunciones violentas o sospechosas, pero este proceso ha estado lleno de polémica, debido a las presiones del Gobierno británico para mantener en secreto cierta información.

El pasado 17 de mayo, Owen anunció que por motivos de seguridad nacional excluiría de su pesquisa documentos que supuestamente implican al Estado ruso, lo que indignó a la viuda.

Así, el magistrado optó por la investigación pública, que permitiría tener en cuenta ciertas pruebas, aunque manteniéndolas en secreto, pero el Gobierno ha rechazado esta posibilidad.

Tras conocerse la decisión del juez, el abogado que representa a Marina Litvinenko, Ben Emmerson, dijo hoy que el Gobierno ha mostrado una “total falta de profesionalismo” en este caso.

“Las continuas promesas rotas suponen una señal de que algo está torcido”, dijo Emmerson.

El juez admitió que la investigación del caso, que debía empezar en octubre, sufrirá más retrasos.

Litvinenko, que al parecer trabajaba en 2006 para los servicios secretos británicos, fue envenenado en un hotel del centro de Londres tras reunirse con unos ciudadanos rusos, pero su familia cree que fue asesinado bajo órdenes del Kremlin.

La muerte de Litvinenko, de 43 años y que tenía nacionalidad británica, causó una gran conmoción en el Reino Unido y llevó al enfriamiento de las relaciones diplomáticas con Rusia, aunque en los últimos años han mejorado.

Las fuerzas del orden británicas han solicitado el arresto de los rusos Andrei Lugovoi y Dmitri Kovtun, en relación con el asesinato, pero las autoridades rusas se han negado a extraditarles.