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García Galván, que es uno de los seis acusados en el juicio por supuestos delitos de corrupción urbanística, ha declarado así ante las preguntas del fiscal y de la acusación popular en la segunda sesión de la vista oral.

Ante las acusaciones de la Fiscalía de haber recibido como dádiva por parte de la mercantil Mahía un chalet en la localidad coruñesa de Mugardos a cambio de beneficiar los intereses urbanísticos de la empresa en Arroyo, García Galván ha asegurado que compró la vivienda a la compañía.

En ese sentido, ha manifestado que pagó todo el precio de la casa en metálico porque así lo acordó con la persona de Mahia que le vendió la vivienda y que ese dinero se lo prestaron un amigo y un familiar, ya que, a pesar de que había solicitado un crédito de 166.000 euros para ese objeto, la entidad financiera le aseguró que no podía facilitarle esa cantidad en efectivo para el día de la compra.

El exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid ha indicado que la cantidad que le facilitaron sus allegados la devolvió también en metálico con el préstamo que le habían concedido.

El expresidente de la comisión territorial de Urbanismo ha respondido al fiscal sobre las funciones de ese organismo, que según el Ministerio Público era el encargado del control administrativo de legalidad y oportunidad en materia de urbanismo en municipios de menos de 20.000 habitantes.

García Galván ha negado haber favorecido a la empresa grupo inmobiliario Mahía, con sede en Ames, en las afueras de Santiago de Compostela, desde su posición de presidente de la comisión territorial de Urbanismo.

En ese sentido, ha asegurado que las decisiones en ese órgano, en el que había unas quince personas, se tomaban “por mayoría” y “siempre en vista de los informes y recomendaciones de los técnicos”, además de las que se hacían desde el punto de vista jurídico.

La Fiscalía pide para García Galván tres años de prisión, una multa de 316.720 euros y dieciocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por los delitos de prevaricación urbanística y cohecho.

Respecto al alcalde de Arroyo de la Encomienda, el independiente José Manuel Méndez, también acusado en el juicio, el encausado ha asegurado que “nunca” le pidió que favoreciera a la empresa constructora gallega.

El regidor negó ayer en el juicio haber favorecido los intereses de la compañía constructora e inmobiliaria Mahía en el municipio vallisoletano y haber recibido a cambio como regalos un préstamo personal de 30 millones de pesetas y una vivienda en la localidad pontevedresa de Vilagarcía de Arosa, algo que le atribuye la Fiscalía y por lo que solicita para él diez años y medio de prisión y multas por importe de más de 530.000 euros.

El arquitecto municipal y acusado en el juicio Buenaventura C.S. también ha declarado en la segunda jornada y manifestado que “no es verdad que siempre” haya otorgado informes favorables a las solicitudes en materia de urbanismo de Mahía en el municipio.

Los otros acusados son José P.Z., accionista de Mahía y socio de Méndez en la empresa de recreativos Dema, e Iluminada M.F., que fue apoderada de la misma inmobiliaria.

Los dos últimos encausados declararon en la primera jornada del juicio y la Fiscalía les atribuye delitos de prevaricación urbanística y cohecho.

El juicio continuará durante esta semana y la próxima con la declaración de testigos y peritos.