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Asimismo, los 10 imputados en el caso deberán asistir a un programa de capacitación sobre «ética empresarial» por un año, según explicó a los periodistas el fiscal regional de la Fiscalía metropolitana centro norte de Santiago, Andrés Montes.

«Los imputados de este grave delito se han comprometido a desarrollar conductas preventivas en las respectivas empresas, en orden de evitar que este tipo de situaciones de colusión, que perjudican claramente a los ciudadanos chilenos, vuelvan a repetirse», señaló Montes.

Indicó que también se aprobaron condiciones que implican que los imputados deben reparar a la sociedad chilena por los delitos cometidos, quienes deberán realizar «importante donaciones», pero nada comparado con los 46 millones de dólares que produjo la colusión.

El alza concertada de los precios de las farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde se dio entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 y, según la Fiscalía Económica, habría producido 27.000 millones de pesos (unos 46 millones de dólares de entonces).

Farmacias Ahumada, con unos 360 establecimientos; Salcobrand, con unas 300 farmacias, y Cruz Verde, con más de 540 locales, aglutinan cerca del 95 por ciento del mercado nacional, que deja poco espacio para negocios independientes y pequeñas cadenas.

El fiscal Montes aclaró que la legislación existente hoy en Chile «es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo que afecta a los chilenos».

Es más, Montes explicó que la pena de un juicio como este podría haber llegado a 21 días y sin ningún tipo de privación de libertad.

«Eso es insuficiente. Este delito es grave y debe ser sancionado drásticamente», enfatizó el letrado.

Esta decisión se suma a la condena del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), el 31 de enero pasado, que ordenó pagar a Cruz Verde y a Salcobrand una multa de 38 millones de dólares por pactar alzas de precios de medicamentos.

Este fallo, sin embargo, no estableció sanciones para Farmacias Ahumada, dado que esta empresa alcanzó un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía Nacional Económica, que fue aprobado por el TDLC en abril de 2009.

En él, Farmacias Ahumada, que también está presente en Perú y México, reconoció los hechos, se comprometió a colaborar con la investigación y pagó una suma cercana a un millón de dólares, cifra muy inferior a la multa máxima que el Tribunal impuso finalmente a sus dos competidoras.

Entre los medicamentos cuyo precio se pactó entre las tres cadenas de farmacias se encontraban hipotensores, anticonceptivos orales, anticonvulsivantes, antidepresivos y antihistamínicos, y en cada una de las categorías de medicamentos analizadas las tres cadenas de farmacias poseían, en conjunto, una participación de mercado de entre 70 % y 99 %.