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Becerril dice que el Defensor es «eficaz» y evita pronunciarse sobre los autonómicos

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«Yo no entro a tomar ninguna posición. Son sus parlamentos los que han resuelto tener o no tener esa institución y otras más. Es competencia suya», ha subrayado Becerril en declaraciones a los periodistas antes de ofrecer una conferencia incluida en el segundo curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial titulada 'La mejora de la Justicia: preparando el futuro' y que se celebra estos días en el pazo de Mariñán, en el municipio coruñés de Bergondo.

Becerril ha reivindicado la labor del Defensor del pueblo cuyas recomendaciones, principalmente sobre participaciones preferentes, hipotecas o inmigración, «en un 75 por ciento son escuchadas y atendidas y se cambian los reglamentos».

«La institución del Defensor es bastante eficaz. Tenemos que luchar para que sea todavía más, pero es bastante eficaz», ha asegurado Becerril, quien ha negado que exista «insatisfacción» por la falta de respuesta a sus recomendaciones.

En los últimos meses, el Defensor del Pueblo ha estado especialmente activo en problemáticas como la de las participaciones preferentes un «producto muy complejo» sólo adecuado para «personas con conocimientos en finanzas», ha detallado.

«El 90 por ciento de las personas que han comprado preferentes no tenían ningún conocimiento en finanzas», ha subrayado Becerril, quien ha pedido a las entidades financieras que intenten «llegar a un acuerdo» y «reparar en la medida de lo posible el daño causado a decenas de miles de ciudadanos que han comprado un producto que era un disparate».

«Preferentes… si -los afectados- son los últimos en recibir el dinero», ha ironizado Becerril: «La denominación ya es un engaño».

La Defensora del Pueblo ha reivindicado la vía del arbitraje como una solución en este caso aunque ha insistido en que la «vía judicial» está «siempre abierta».

Otra de las problemáticas suscitada este año fue la derivada de las tasas judiciales, y en ella la intervención del Defensor del Pueblo logró rebajar en un «80 por ciento» la cuantía de las tasas variables, ha expuesto.

Asimismo, ha destacado Becerril, se adelantó la aplicación de determinados criterios de la ley de justicia gratuita, prevista para octubre, que permite excluir de estas tasas a personas con pocos recursos económicos, víctimas de violencia de género o terrorismo.

Aunque no ha satisfecho a todos, sí se «ha mejorado la ley», ha subrayado Becerril.

Pese a todo, la principal queja de los ciudadanos sobre la administración de Justicia son los «retrasos» atribuidos principalmente a la falta de medios materiales y personales.

«Son las dilaciones, los retrasos lo que preocupa y desespera al ciudadano», ha reconocido la Defensora del Pueblo quien ha apuntado como posibles soluciones mejoras en las instalaciones, mayor dotación de personal y «acelerar» los procedimientos informáticos.