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“La tesis del complot es absurda”, subrayó el socialista Moscovici en una entrevista radio-televisada a “RMC” y “BFM TV” horas después de que Tapie hubiera denunciado un ataque contra él y, a través de él contra el anterior presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.

El ministro explicó que el Ejecutivo ha solicitado al juez instructor que se tomen medidas cautelares sobre los bienes de Tapie para el caso de que la justicia dictaminara que hubo fraude en el arbitraje de 2007 en favor del empresario, que recibió 403 millones de euros del Estado como indemnización.

Recordó que el Estado se ha constituido en acusación particular porque Tapie ha sido inculpado por “hechos graves” -en concreto por estafa en el arbitraje a su favor por la venta de la marca Adidas por el entonces banco público Crédit Lyonnais- y eso permite suponer que los intereses de la Administración salieron perjudicados.

Moscovici insistió en que lo que le guía con la constitución como acusación particular y con la petición al magistrado instructor de tener bajo control los bienes de Tapie es “proteger los intereses patrimoniales del Estado”, es decir, “de los contribuyentes franceses”.

Lagarde, que era la ministra de Finanzas en 2007, fue la que decidió el arbitraje en lugar de continuar el contencioso con Tapie por los tribunales, según su versión para poner fin a un procedimiento que llevaba años y corría el riesgo de prolongarse muchos más.

El caso de la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional -en tanto que aforada- le corresponde al Tribunal de Justicia de la República ante el que declaró en mayo en calidad de “testigo asistido”, una figura jurídica a medio camino entre el simple testigo y el imputado.