Vox considera necesario imponer sanciones para los responsables de los organismos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas que incumplan reiteradamente las recomendaciones del fiscalizador de manera que esta actitud no quede impune, sino que tenga consecuencias, y «derive en una responsabilidad real sobre quienes deliberadamente gestionan los fondos públicos sin el rigor y la diligencia adecuada».
Esta es una de las propuestas de resolución planteadas por Vox al informe de fiscalización relativo a la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el ejercicio 2016 y precedentes y que se someterá a votación en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En concreto, los de Santiago Abascal demandan que las Cortes insten al Gobierno a establecer «mecanismos que obliguen a llevar a cabo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas» y, en última instancia, «a imponer un régimen sancionador adecuado al reincidente para que el incumplimiento reiterado de las recomendaciones derive en una responsabilidad real sobre quienes deliberadamente gestionan los fondos públicos sin el rigor y la diligencia adecuada».
En sus propuestas, recogidas por Europa Press, Vox incluye otra para instar al Tribunal de Cuentas realizar una «fiscalización recurrente y sistemática» del CIS, así como un seguimiento de las recomendaciones planteadas.
MÁS CONTROL INTERNO
De su lado, el PSOE quiere que las Cortes insten a la Administración General del Estado a tomar las medidas regulatorias y organizativas necesarias para proceder a la «laboralización de la red de campo de CIS» y que se emplace al propio centro a reforzar su sistema de control interno y a establecer procedimientos adecuados en la gestión de su red de campo también con vistas a su laboralización.
Siguiendo las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas, el PSOE pide al Gobierno que «adecue la capacidad operativa del CIS en cuanto medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado con capacidad suficiente para actuar». La misma petición han registrado el PP y Vox que especifican en este apartado que el CIS debe adaptarse «a los requerimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público».
Vox y el PP también coinciden en que el CIS debe reforzar su sistema de control interno y superar las deficiencias de gestión observadas, y en particular, elaborar manuales de procedimiento en materia de becas y ayudas, convocatoria y celebración de cursos, venta de publicaciones y gestión de la red de campo y, en este sentido, plantean que revise su sistema de distribución de funciones en la tramitación de becas y otras transferencias.
CONTRATOS DETALLADOS Y POR ESCRITO
Además, los de Abascal consideran necesario que se garantice «un procedimiento adecuado de selección de los adjudicatarios» y que se formalicen por escrito los contratos en los supuestos procedentes, «definiendo adecuadamente el objeto, las obligaciones de las partes, el precio o la duración» de los mismos, «a fin de ajustar la gestión de los trabajos encargados al personal de la red de campo a su configuración legal de contratos de servicios sujetos a la legislación de los contratos del Estado».
Asimismo, PSOE, PP y Vox emplazan al centro que preside José Félix Tezanos a tomar medidas para superar la situación de desequilibrio financiero detectada por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2016.
