Vox exige en el Congreso renovar la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos

Vox ha exigido al Gobierno en el Congreso que active ya el procedimiento para la renovación de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, un cargo que ocupa desde 2015 Mar España Martí, cuyo mandato caducó en julio de 2019.

Con este objetivo los de Santiago Abascal han registrado una proposición no de ley en el Congreso, recogida por Europa Press, en la que, además de urgir a la renovación de este órgano sostienen que España no cumple tampoco los requisitos que desde 2018 establece la nueva Ley de Protección de Datos para ocupar ese puesto.

España fue nombrada en julio de 2015, conforme a la legislación vigente entonces –la ley de 1992 y el Estatuto de 1993–, pero se marco se reformó en 2018. Con la nueva ley, lo que antes era la Dirección de la Agencia de Protección de Datos se transformó en Presidencia y su mandato pasó de cuatro a cinco años, renovables por otros tantos.

También se modificó el sistema de nombramiento de la Presidencia y su Adjunto, que siguen siendo nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, pero con dos novedades: han de ser escogidos «entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos» y que se hayan presentado a una «convocatoria pública de candidatos».

TRES QUINTOS O MAYORÍA ABSOLUTA

La ley de 2018 establece que ese concurso público debe convocarse «dos meses antes» de producirse la expiración del mandato» o en caso de cese, con lo que, según recuerda Vox, debería haberse activado en mayo de 2019 (puesto que el mandado de España caducaba, como de hecho sucedió, en julio de ese año).

Por eso, quiere que el Congreso inste al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para que el Ministerio de Justicia ordene la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatoria publica de candidatos a la Presidencia y el Adjunto.

Una vez evaluado «mérito, capacidad, competencia e idoneiedad» de los aspirantes, el Gobierno deberá remitir al Congreso una propuesta de designación de presidente y adjunto acompañada de un informe justificativo. Las personas elegidas deberán comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso y ser ratificadas bien por mayoría de tres quintos en primera votación o por mayoría absoluta en segunda, siempre que reciban el apoyo de al menos dos grupos parlamentarios.

PONER FIN A ESTA «IGNOMINIA»

En su iniciativa, Vox recalca que esta propuesta habrá de hacerse «entre personas de robusta independencia, reconocido prestigio y sobresaliente experiencia profesional en el campo de la protección de datos, de manera que se garantice que la persona nombrada desarrolla su labor con objetividad de criterio y de una manera autónoma y no condicionada a las presiones políticas del Gobierno».

Los de Santiago Abascal recuerdan que la actual presidenta de la agencia ya ha anunciado que no se va a presentar a la reelección y hacen un repaso de su currículum para dejar claro que, aunque quisiera no podría. Según subrayan España no cumple el requisito que fija la ley puesto que carece de una «reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos».

Es más, Vox pone a España como ejemplo de que el PSOE y el PP han venido actuando como «agencias de colocación» para pagar favores y colocar a personas cercanas a través de «corruptelas», impidiendo así que el país tenga «una dirección pública estable, profesionalizada e inmune a los vaivenes del poder político» y alcanzando con ello unas «cotas de ignominia insuperables».