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Vehículos recorren Logroño para exigir “libertad y protección” contra la Ley Celaá

Alrededor de 2.000 vehículos, según la organización, han secundado este domingo la manifestación convocada por la Plataforma por la Libertad de Enseñanza de La Rioja contra la Ley Celaá en Logroño para pedir “libertad y protección” así como “la continuidad de la pluraridad democrática de nuestro sistema educativo actual”.

La movilización, que ha partido desde el aparcamiento del Centro Comercial Parque Rioja, se ha dirigido hasta el centro de Logroño, en plena Gran Vía, donde con pitidos, globos y pancartas han defendido el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Una marcha que ha contado con la presencia de una gran diversidad de entidades y colectivos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros. Además, muchos ciudadanos han apoyado con aplausos la convocatoria a su paso por las distintas calles logroñesas.

Desde la Plataforma han defendido esta convocatoria porque “no van a tolerar límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia”.

También defienden “la complementariedad de las redes pública y privada concertada” y, por tanto, “no admitimos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado. Tampoco la planificación arbitraria de la Administración por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias”.

Además, han proseguido, “no toleramos el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias”.

Ante ello, indican, “pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial”.

También exigen “mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros educativos” porque, a juicio de la Plataforma, “la LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo”.

La nueva ley de educación “debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial”, afirman desde la Plataforma.

Con la movilización de este domingo también quieren criticar que “a través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada”.

Así las cosas, “reclamamos al Estado la obligación que tiene de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos”.

Por todo ello, aseguran desde la Plataforma “no nos cansaremos y no decaeremos en defender la libertad educativa” y, por tanto, “durante la tramitación de la ley, si no se modifica suficientemente, seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo. Instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma, solicitaremos la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tan pronto sea posible, recurriremos en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo y alentaremos la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social”.

Desde aquí, al igual que se está haciendo desde tantas otras ciudades de España, “hacemos un llamamiento a toda la sociedad y a todos los ciudadanos para que muestren el rechazo absoluto a la eliminación de derechos democráticos y libertades que supone esta LOMLOE. Hay que parar la Ley Celaá”.

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