El senador de UPN, Alberto Catalán, ha abogado en el Senado por aplicar políticas nacionales, en coordinación con las Comunidades Autónomas, que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad y por establecer una normativa «ambiciosa» en materia de accesibilidad.
El senador, portavoz del Grupo Mixto en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Alta, ha resaltado, con motivo de la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que, «si en algo hay que buscar el encuentro, el consenso y, hasta la unanimidad, es en políticas sociales». «Nosotros pertenecemos a una Comunidad y a una formación política que si por algo se ha caracterizado cuando ha tenido responsabilidades de gobierno y, también, en la oposición, es aplicar políticas sociales ambiciosas. El objetivo es facilitar la inclusión de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho», ha afirmado.
Catalán ha señalado que «la discapacidad deberá ser una de las políticas públicas preferentes, en primer lugar porque debe abordar las necesidades más esenciales de las personas con discapacidad y, en segundo lugar, porque la discapacidad, en la mayoría de los casos, conlleva desigualdad, vulnerabilidad y exclusión».
Además, ha reconocido la labor que desarrollan los colectivos y asociaciones que «antes incluso que las administraciones públicas comenzaron a desarrollar acciones que posibilitasen la accesibilidad social a personas con discapacidad».
El senador ha destacado durante su intervención que UPN elaboró la ley foral 15/2006, de 14 de diciembre de Servicios Sociales, que «supuso un hito no solo en Navarra sino en toda España, ley pionera, ya que fue la primera ley que reconocía el derecho subjetivo a los servicios sociales». «Pero no solo aprobamos la ley, sino que materializamos ese derecho y concretamos los servicios y prestaciones a los que pueden optar las personas más vulnerables de Navarra en la Cartera de Servicios Sociales. Supuso un gran avance en la calidad de vida de los colectivos más vulnerables de nuestra Comunidad. En ella se recogían 140 prestaciones (22 para las personas con discapacidad), 90 de ellas garantizadas», ha asegurado.
El senador regionalista ha indicado, que «viviendo en un país tan descentralizado como es España, el gobierno debe actuar con escrupulosos respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y alejado de cualquier comportamiento sectario, y desde UPN exigiremos ese respeto».
Por eso, ha afirmado que «cuando se aprueba una norma básica, más aún, que requiere de financiación pública no se puede establecer la ley, el derecho y luego que sean las CCAA las que asuman su coste sin cumplir el Gobierno de España sus compromisos».
Por otro lado, Alberto Catalán ha asegurado que «es una realidad que las asociaciones y colectivos que trabajan y representan a la discapacidad están demandando, prioritariamente, igualdad de oportunidades para acceder a un puesto de trabajo digno». «Nosotros no nos quedamos solo en los centros especiales de empleo, pensamos que es un punto intermedio para lograr la inclusión laboral, pero mientras no se avance en esa inclusión real deben ser respaldados. Realizan una magnifica labor y están permitiendo un desarrollo laboral, personal y familiar que sin ellos sería, en este momento, impensables», ha dicho.
Catalán también ha abordado el tema educativo, señalando que «no se puede actuar por parte de las administraciones al margen de las familias que conocen el día a día de sus hijos y en muchas ocasiones, demasiadas, son las grandes olvidadas». «Por eso, en la ley de Educación que está en tramitación, se debe apostar por la educación inclusiva pero sin suprimir los centros de educación especial», ha planteado.
El senador ha criticado además «la falta de actualización de las necesidades que tienen en el día a día estos centros de educación especial, por ejemplo, en las ortopédicas». «Las administraciones son cicateras y lentas. O productos farmacéuticos. Ahí el ministerio también debiera adoptar alguna medida», ha apuntado.
Durante su intervención, Alberto Catalán se ha referido a la situación generada en las personas con discapacidad a raíz de la crisis sanitaria y ha señalado que, «al igual que todos los españoles, están viviendo con gran incertidumbre y temor las consecuencias del Covid, más aún las personas que tienen algún tipo de patología, ya sea por temas físicos o psíquicos». «Ahí están las demandas por ejemplo, de las personas sordas, ciegas o autistas. Pero también de aquellas familias con hijos en edad escolar que necesitan un tratamiento de fisioterapia», ha apuntado.
Catalán también ha cuestionado «el triaje, el acceso a los centros hospitalarios que se estableció en algunas Comunidades en relación a personas mayores y con discapacidad». «No nos inventamos nada, fue el propio CERMI quien hizo un pronunciamiento público al respeto. Nosotros seguimos defendiendo lo mismo, todos los ciudadanos españoles independientemente de su edad y de sus condiciones físicas y psíquicas tiene derecho a la vida y a una atención sanitaria en igualdad de condiciones. Las administraciones públicas deben ser garantes de poner los medios para que así sea», ha afirmado.
