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Siete de cada diez procedimientos judiciales no tienen en cuenta la discapacidad

Plena inclusión España ha presentado este miércoles el informe ‘A cada lado’, sobre la realidad de las personas con discapacidad intelectual en prisión y que, según denuncian, muestra “una realidad muy dura” del colectivo. Entre las cifras que destacan, se recoge que en unos siete de cada diez procedimientos judiciales (68,5%) no tienen en cuenta la discapacidad en ningún momento del proceso.

Desde Plena Inclusión denuncian la “invisibilidad de la situación de cientos de personas con discapacidad” en prisión que, según apuntan, les coloca como “uno de los grupos, entre toda la población reclusa, que sufre con mayor peso la exclusión y el olvido”.

El trabajo se ha realizado sobre una muestra de 367 personas reclusas con discapacidad y 81 profesionales del programa de prisiones de la confederación más importante del país ( que agrupa a 935 asociaciones).

Sobre el hecho de que en casi un 70% de los procedimientos no se tenga en cuenta la discapacidad en algún momento, la autora del informe, Inés de Araoz, ha señalado que existe “una alta probabilidad de que en esos procesos se vulnerasen los derechos de las personas debido a las dificultades en la comprensión y/o comunicación o a la imposibilidad de ejercitar adecuadamente el derecho de defensa”.

Plena Inclusión también ha destacado otras cifras, como que, aunque la condena penal y la privación de libertad deberían ser el último recurso, en el 90,2% de los procesos se impuso a la persona con discapacidad intelectual una pena privativa de libertad (únicamente o en combinación con otras penas) y la pena únicamente se sustituyó o suspendió en un 3,4% de los casos.

BAJO ACCESO A PROGRAMAS DE TRATAMIENTO

En este sentido, indica que existe un consenso internacional en que las personas penalmente no responsables no deberían permanecer en prisión, no obstante, apunta, el 66,7% de las personas cumplen las medidas privativas de libertad en centros penitenciarios y el 33,3% en Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios.

‘A cada lado’ se ha presentado esta mañana en un seminario online en el que ha participado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, junto a representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Oficina de Lucha contra Delitos de Odio del Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad.

El informe también desvela la existencia de un nivel muy bajo de acceso a los programas de tratamiento que no estén relacionados con la discapacidad como son los programas contra la drogodependencia (9,63%); sobre salud mental (8,15%); alcoholismo (2,22%) o para agresores sexuales (1,85%) a pesar de que en muchas ocasiones el delito fue cometido por alguno de estos motivos.

Del mismo modo, se desprende que el 66,9% de los encuestados no ha llegado a realizar ninguna salida programada durante el cumplimiento de su pena y el 55% no ha solicitado nunca un permiso. Además, sólo un 5,7% se encuentra clasificado en el tercer grado.

ALTA REINCIDENCIA

“Podríamos decir que estamos ante la crónica de una reincidencia anunciada”, ha declarado Araoz, que se apoya en los datos obtenidos en el trabajo. Según ha explicado, la reincidencia se da en el 54,5% de los casos de las personas con discapacidad intelectual reclusas debido al “fracaso del sistema y la sociedad en su conjunto”.

“A la situación de exclusión social, económica y educativa previa se une la falta detección de sus necesidades de apoyo una vez cometido el delito, la prácticamente asegurada condena privativa de libertad en un centro penitenciario al que es muy complejo adaptarse; el cumplimiento íntegro, encadenado y sin alivio de la condena o la falta de acceso a los programas de tratamiento o formación”, ha concluido la autora.

Desde Plena inclusión, creen que esta situación no es un círculo irrompible. Por eso en su estudio sugiere más 50 propuestas de acción para poner en marcha con la colaboración de toda la sociedad y el sistema judicial y penitenciario.

Entre ellas, se llama a poner en marcha actuaciones dirigidas a la prevención primaria, trabajando con menores en situación de desprotección; se propone fomentar formas de cumplimiento alternativas a las penas o cumplimientos de condena menos rígidos; así como promover la formación y acceso al empleo o garantizar los apoyos precisos a la persona y su familia.

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