El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles una iniciativa del Partido Popular para instar al Gobierno a elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan de actuación común ante los casos de COVID-19 que se puedan producir en los centros escolares durante el curso.
Según ha explicado el parlamentario del PP Pablo Ruz Villanueva, la moción incluye «la exigencia al Gobierno de la nación de poner en marcha un protocolo nacional que exija, que no recomiende, que pida y establezca premisas de obligado cumplimento a todas las CCAA». No por nosotros, sino por nuestros hijos, por los alumnos y los padres del conjunto del territorio nacional», ha subrayado.
La propuesta constituye una enmienda de adición de los ‘populares’ a su propio texto, que, finalmente, ha sido rechazada por 149 votos.
La iniciativa parlamentaria también propone instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a garantizar un reparto «equitativo» del Fondo COVID, dirigido a todos los centros financiados con fondos públicos –incluidos los concertados– que «garantice la gratuidad, equidad y calidad de sistema educativo español, y de todos los fondos y planes futuros del Ministerio».
Al mismo tiempo, insta a respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en relación con el art. 27, que «sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, mediante un desarrollo armónico de ambos derechos».
Garantizar la libertad de elección de los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, para elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizarlos es otra de las medidas de la moción consecuencia de interpelación del PP.
Asimismo, aboga por defender la red de centros concertados «como garantes de la existencia de una oferta plural junto a la red pública, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, y por tanto de la libertad de elección de las familias, asegurando la igualdad de oportunidades de las mismas en el ejercicio de este derecho, lo que implica que ambas redes, pública y concertada, tendrán que tener los recursos necesarios que aseguren este derecho».
Los ‘populares’ también defienden en su moción la necesidad de «promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de todos los centros, respetando el carácter propio de los mismos, para desarrollar proyectos educativos de calidad que puedan responder a las inquietudes y prioridades de las familias con el fin de que estas puedan elegir con total libertad».
Asimismo, insta al Gobierno ha garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como concertada, «como garantes de la libertad de elección de las familias».
El PP ha rechazado todas las enmiendas presentadas –dos de Junts per Catalunya y una del PSOE–. En el caso los nacionalistas catalanes querían eliminar el apartado referente a respetar y defender la Constitución Española y la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional en relación al art. 27, así como acelerar la derogación de la LOMCE. Por su parte, el grupo socialista ha presentado una enmienda de sustitución.
