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El PP pedirá mañana al Gobierno rectificar la “intolerable injerencia” en Navarra

El PP pedirá este jueves al Gobierno “rectificar” la “intolerable injerencia” en Navarra que a su juicio recoge el acuerdo suscrito a finales de 2019 entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, por el que los nacionalistas vascos se comprometieron a apoyar la investidura del líder socialista.

Se trata de una de las proposiciones no de ley que los ‘populares’ registraron el pasado febrero en el Congreso, aún con Cayetana Álvarez de Toledo de portavoz, y que someterán a debate y votación en la Comisión de Política Territorial del Congreso.

“ABSOLUTO DESPRECIO” HACIA NAVARRA

En ese acuerdo, Sánchez y Ortuzar pactaron, entre otras cuestiones, traspasar en el periodo de seis meses las competencias de tráfico a Navarra y que los objetivos de déficit correspondientes al País Vasco y Navarra, así como los criterios de reinversión del superávit de las entidades locales, se discutan de forma bilateral en las respectivas comisiones mixtas de Concierto.

Desde el PP consideran “sorprendente, por no decir indignante”, que un presidente entonces en funciones y el líder de un partido político que dirige el Gobierno de Euskadi actúen “con absoluto desprecio” hacia Navarra, acordando asuntos que corresponden “en exclusiva” a las instituciones forales.

Y, por ello, reclamarán a los grupos que apoyen su propuesta para que el Gobierno “no tome en consideración” los acuerdos suscritos entre el PSOE y el PNV en lo que a Navarra se refiere.

VASCOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA EN FUNCION DEL IDIOMA

En la misma sesión, Vox llevará otra iniciativa con la que persigue que el Ejecutivo haga todo lo que esté en su mano para garantizar el cumplimiento del artículo 3 de la Constitución en el País Vasco y, en consecuencia, el derecho de todos los vascos “a no ser discriminados” por usar el castellano en sus relaciones con las administraciones públicas.

Los de Santiago Abascal plantean esta propuesta, a raíz del decreto de noviembre de 2019 en el que el Gobierno vasco reconoce que entre sus objetivos está el de “normalizar y fomentar el uso del euskera en la administración local con el objetivo de convertirla en lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general en sus actividades”.

Y es que sostiene que este decreto supone “favorecer” la eliminación del castellano de las comunicaciones entre las entidades locales y los administrados y “dividir” a los vascos en ciudadanos de primera y de segunda en función de la lengua que empleen, lo que, de facto, supone una vulneración de la Constitución.

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