La Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes del Parlamento de Baleares ha aprobado este jueves por unanimidad pedir al Gobierno que la futura ley para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, incluya una especial mención para reforzar la protección al colectivo de personas LGTBI con diversidad funcional con el objetivo de ayudar a evitar situaciones de exclusión que sufre específicamente este colectivo.
En esta línea, la Proposición No de Ley presentada por PSIB, MÉS y UP insta al Govern, a los consells insulares y a los ayuntamientos a prestar especial atención a las personas LGTBI con diversidad funcional para evitar situaciones de doble discriminación.
El texto de la PNL anima igualmente al Ejecutivo autonómico a colaborar con las entidades del tercer sector y entidades LGTBI para impulsar iniciativas y materiales que promuevan la visibilización del colectivo y evite su discriminación.
La diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor ha explicado durante la comisión que históricamente se ha abandonado en términos de sexualidad a las personas con diversidad funcional y ha habido tendencia a la infantilización «como si no tuvieran interés en la sexualidad o fueran personas asexuadas».
Según ha señalado, el objetivo de estas medidas es evitar situaciones de doble discriminación y para garantizar el completo desarrollo de la identidad de acuerdo con su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.
Por su parte, el diputado socialista Joan Ferrer ha asegurado que su formación siempre ha puesto al frente de su agenda política la recuperación de los derechos del colectivo LGTBI aunque, ha añadido, «queda mucho por hacer».
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes ha rechazado una Proposición No de Ley del PP en la que pedía que el Parlament mostrara su rechazo a la propuesta del vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno central sobre los cambios en la gestión del 0,7 por ciento del IRPF y del 0,7 por ciento del Impuesto de Sociedades para financiar entidades y proyectos de interés social.
La PNL reclamaba igualmente al Gobierno del Estado a rectificar la intención de introducir cambios para mantener el sistema y las proporciones vigentes.
