Miembros de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) se encerraron este miércoles en una cárcel simulada frente al Congreso de los Diputados para exigir un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal, que, según la organización, en la actualidad condena a las personas con movilidad reducida a «vivir encerradas en sus propias viviendas».
Así lo declaró a Servimedia el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, que compartió encierro junto a varias personas con problemas de movilidad que explicaron sus experiencias en este sentido.
La acción forma parte de la campaña ‘Arrestópolis’, con la que Cocemfe pide un cambio en la ley para eliminar el máximo de 12 cuotas (de comunidad) por encima del cual los vecinos, “aunque sea uno solo”, pueden negarse a pagar la reforma de accesibilidad de los edificios.
“Queremos eliminar este límite, y pedimos que, si se comprueba que un vecino no puede afrontar dicho pago, se cree un fondo público (dependiente del ministerio o de las comunidades autónomas) con el que hacer frente a la derrama”, indicó.
«Son miles las personas mayores, con discapacidad física pero también orgánica -como los trasplantados-, que no pueden salir de su casa” por este motivo, subrayó Queiruga.
PROBLEMAS DIARIOS
En el acto, una mujer con un trasplante hepático explicó que vive de alquiler pese a tener casa propia, ya que ésta se encuentra en un tercero sin ascensor; un chico en silla de ruedas describió como sus familiares tienen que subirle y bajarle por las escaleras hasta el cuarto piso donde su familia tiene la vivienda, y otro hombre con discapacidad declaró que se ha tenido que comprar otra casa por este mismo motivo.
Un total de 36 ciudades de 15 comunidades autónomas se han sumado hoy a la campaña ‘Arrestópolis’, que se difundirá en redes sociales bajo el lema ‘Mi casa no es mi cárcel’. En estas localidades se han celebrado acciones similares, y en Granada los bomberos han escenificado el rescate de una mujer atrapada en un cuarto piso sin ascensor.
Según Queiruga, Cocemfe ya ha mantenido una reunión con la Dirección General de Vivienda y celebrará encuentros con todos los grupos políticos para impulsar este cambio en la ley.
«Por eso nos hemos concentrado ante el Congreso, porque es la casa de todos. A fin de cuentas, reclamamos el derecho a una vivienda en condiciones dignas”, manifestó Anxo Queiruga.
LA REALIDAD
Según datos de Cocemfe, menos de un 1% de los edificios de España son plenamente accesibles, y seis de cada 10 no permiten el acceso desde la calle al portal.
Queiruga señaló que “la falta de accesibilidad a los edificios de viviendas está provocando que personas con discapacidad no puedan salir de sus propias casas por no disponer de un ascensor o una rampa”.
Por ello, pidió ayudas específicas para todas las comunidades de vecinos que deban afrontar este tipo de actuaciones, ya que actualmente solo el 10% de los edificios que realizan estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo.
También participaron en el encierro representantes de algunas entidades que forman la confederación: Javier Font, presidente de Famma-Cocemfe Madrid; Leopoldo Cabrera, presidente de la Federación Española de Párkinson; Antonio Ignacio Torralba, presidente de ConArtritis; Virginia González, técnica del programa de fortalecimiento de FEBHI (Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia); Eva Pérez, presidenta de FNETH (Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos); María López Matallana, vicepresidenta de Confesq (Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrosensibilidad), y Tomás Atienza, delegado en Madrid de Andade (Asociación Nacional de Amputados de España).
