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Justicia prevé presentar en un mes la nueva ley procesal penal

La comisión de expertos encargada de la elaboración del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ha entregado este miércoles al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, su propuesta de regulación integral, que supondrá la superación del modelo decimonónico a través de la figura del fiscal como investigador de las causas penales.

El Gobierno prevé tramitar la propuesta como el Anteproyecto de Ley en el plazo de un mes, según ha informado justicia.

La propuesta parte de anteriores intentos que no llegaron a cristalizar en el Parlamento, como fue el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales, según ha informado el ministerio en una nota.

El texto según adelanta el Ministerio, se sitúa a la vanguardia en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática.

Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.

CLARIDAD DEL LENGUAJE EN EL ARTICULADO

Asimismo, respondiendo a las directrices marcadas por el propio ministro, en el lenguaje utilizado para la redacción del articulado se ha priorizado la claridad y sencillez con el fin de hacer la norma un ejemplo de norma jurídica comprensible.

El cambio de modelo, según Justicia, responde también a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo. Además, la implantación del nuevo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, de reciente creación, de la Fiscalía Europea.

En este sentido, Campo ha manifestado su voluntad de convertir el futuro anteproyecto “en un verdadero marco de debate donde el ministerio de Justicia se mostrará tan permeable como interesado en integrar la visión de todos los colectivos que tengan interés en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal”.

“Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras”, apostilla, insistiendo en que “dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos”.

De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de ministros, desde el Ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso que califica como “de construcción colectiva“.

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