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Igualdad estudia con las clínicas de interrupción del embarazo fórmulas para evitar el “acoso” frente a sus puertas

El Ministerio de Igualdad y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), se han reunido este jueves, para estudiar posibles fórmulas para evitar “el acoso” de que estos centros sufren ante sus puertas.

Según ha informado el departamento que dirige Irene Montero, este encuentro es una muestra del respaldo del Ejecutivo a estas clínicas y a su labor. En concreto, Montero se ha comprometido con ACAI a estudiar fórmulas para garantizar “zonas seguras” frente a las clínicas y que las mujeres “puedan seguir ejerciendo su derecho a decidir libremente sobre la interrupción del embarazo”.

En declaraciones, la vicepresidenta de la asociación de clínicas, Eva Rodríguez, ha explicado que han presentado varias propuestas a la ministra en este sentido y que son medidas que ya llevan planteando desde hace tiempo.

OPCIONES FRENTE A LAS MANIFESTACIONES

La “mejor”, explica Rodríguez, sería una ley que, como en Francia, penara con multa e incluso cárcel, a quien acose a las mujeres que acuden a estas clínicas, a sus familiares o a su personal. También se considera delito el dar “información no veraz” de esta práctica.

Una segunda opción sería modificar el Real Decreto de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo e incluir una prohibición sobre manifestarse ante los centros a menos de un número concreto de metros.

Esta medida, que existe parecida en Estados Unidos, supone “corredores de policías” que no dan “intimidad”, ni “seguridad” a la mujer, por lo que no sería la “ideal” para ACAI, aunque reconocen que poner en marcha una ley supone mucho tiempo.

La reunión entre Igualdad y ACAI produce un día después del anuncio realizado por la ministra ante la Comisión de Igualdad del Congreso, sobre sus intenciones de reformar la Ley del aborto, derogando las modificaciones que se realizaron en 2015, bajo el mandato de un Gobierno del PP.

LA MAYORÍA DE MENORES VAN CON SUS PADRES

Entonces, se incluyó en la norma que las menores de 16 y 17 años requerirían del permiso paterno para poder llevar a cabo la interrupción voluntaria de un embarazo.

Para Montero, esta ley no “asegura” que “todas las mujeres” puedan decidir con libertar lo que hacer con su cuerpo. Además, explicó ante la Cámara baja que la reforma también implicaría una mejora de la salud sexual de toda la ciudadanía, por ejemplo, asegurando el derecho a “formas más novedosas” de anticoncepción o a la promoción de la educación sexual y reproductiva.

La vicepresidenta de ACAI ha celebrado esta decisión ya que, según ha explicado “el 80% de las menores” que acuden a las clínicas lo hacen “muy arropadas” por sus progenitores e, incluso, otros familiares.

Para Rodríguez, la petición de un consentimiento paterno se lo pone más difícil, justamente, a quienes ya lo tienen: mujeres solas, migrantes o familias desestructuradas. Además, recuerda que un consentimiento informado, como exige la ley, “no es un papel” dando permiso, sino que las personas implicadas han de conocer el procedimiento.

Preguntada por otros cambios que desde ACAI plantearían pata una reforma de la ley del aborto, Rodríguez ha indicado que la norma está bien, aunque “siempre sobran los tres días de reflexión”. Además, proponen que la información se pueda hacer por vía telemática, para evitar doble desplazamiento a las pacientes, así como una unificación de la información que se da desde las diferentes comunidades autónomas en esta materia.

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