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IB3 y Liquid Media rechazan la cesión ilegal de trabajadores

La representación de Liquid Media y la del ente público de radiotelevisión de Baleares (IB3) han rechazado este miércoles que exista una cesión ilegal de trabajadores en el contrato de informativos, durante el juicio celebrado a instancia de varias demandas del comité de empresa.

El juicio, inicialmente previsto para las 12.00 horas, ha comenzado con retraso y pasadas las 17.00 horas todavía quedaban numerosos testigos por comparecer. El juicio se celebra en el Juzgado de lo Social número 3 de Palma.

Los demandantes son nueve miembros del comité de empresa y la trabajadora de mayor antigüedad de IB3, que han presentado demandas individuales. Ninguno de ellos ha podido entrar en la sala durante el juicio debido a las limitaciones de aforo por el COVID-19.

Según han informado fuentes del proceso, tanto IB3 como Liquid Media sostienen que no hay una cesión ilegal de trabajadores. Entre otros argumentos, señalan que no se da una subordinación de la contratista hacia IB3 sino una labor de coordinación.

Se trata de la primera remesa de demandas que llega a juicio, con las que los trabajadores reclaman ser contratados directamente por el ente público de radiotelevisión.

Además de estas diez demandas -las más avanzadas en la tramitación- otros 124 trabajadores han dirigido acciones contra el ente y la concesionaria.

El contrato de Liquid Media con IB3 abarcaba los informativos de radio y televisión, los boletines horarios, las desconexiones de Pitiusas y Menorca y los programas ‘Zoom’, ‘Illes i Pobles’ y ‘Meteo’, así como la web de ‘IB3 Notícies’. Los trabajadores demandantes son mayoritariamente redactores y cámaras, pero también hay otros perfiles como productores y realizadores.

Estos profesionales solicitan ser internalizados en IB3 “después de 15 años de subcontratas que han provocado una gran degradación de las condiciones laborales”. El juicio llega justo después de que Liquid Media haya perdido la nueva licitación de los informativos ante Dalton Audiovisual (Grupo Lavinia).

UN PRECEDENTE EN CATALUNYA

Los profesionales están siendo asesorados por la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda, que intervino en la demanda por cesión ilegal de trabajadores en la televisión municipal de Barcelona (BTV).

El Juzgado catalán dio la razón a los trabajadores y consideró que el régimen de contratas constituía un subterfugio de la sociedad municipal para evitar aplicar las condiciones laborales y salariales que corresponderían, una decisión que en 2016 confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

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