El Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes Generales, para obtener su autorización, de la Carta Social Europea Revisada, que aboga por la protección de los colectivos sociales más vulnerables.
«Teniendo en cuenta la actual situación, se hace más imperiosa la necesidad de que España tenga ratificados estos instrumentos pensados para otorgar una mayor protección a sus ciudadanos», ha subrayado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según ha precisado, esta Carta Social Europea Revisada es un tratado del Consejo de Europa para garantizar los derechos sociales y económicos fundamentales y «aboga por la protección de los colectivos sociales más vulnerables especialmente en el ámbito laboral».
Asimismo, ha destacado que reconoce «31 derechos relacionados con trabajo, asistencia social, sanitaria, participación e información, entre otras materias». Así, por ejemplo, ha puntualizado que reconoce el derecho a la vivienda de todas personas o a la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de sexo o responsabilidad familiar.
«Estos mismos derechos son reconocidos a los trabajadores migrantes en cualquiera de los territorios de las otras partes», ha añadido la portavoz del Gobierno.
Montero ha precisado que la necesidad de autorizar esta carta goza de consenso en España pero no se pudo completar porque, tras remitirse por primera vez a las Cortes en la anterior legislatura, las cámaras se disolvieron por la convocatoria de elecciones. Posteriormente, según ha añadido, el Gobierno ha estado «priorizando la lucha contra la pandemia».
Para «no contribuir a un mayor retraso» en la ratificación de esta Carta Social Europea Revisada, Montero ha indicado que se solicita su tramitación «esta vez por procedimiento de urgencia».
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anunció el pasado 20 de octubre en el Pleno del Senado que el Gobierno ratificaría la Carta Social Europea revisada antes de que finalizase este año 2020, algo que venían reclamando desde hace años las ONG para avanzar en la erradicación de la pobreza y la exclusión, y garantizar el acceso a los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos.
«Desde 1996 no se ha hecho nada en este país sobre esta materia pero ahora lo vamos a hacer, es el instrumento internacional más importante para defender las políticas sociales y, en pandemia, el más relevante para defender los derechos de los más desfavorecidos», subrayó la ministra de Trabajo.
Asimismo, Díaz aseguró entonces que también ratificarán el protocolo de reclamaciones colectivas «que es tan importante como la Carta Social revisada».
