El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ‘Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas’, con la que planea poner solución a la actual fragmentación de los hábitat españoles, así como conectar los distintos hábitat y restaurar la biodiversidad dañada de aquí a 2050, para lo que no se descartan opciones como demoler infraestructuras no esenciales e incluso, llegado el caso –aunque no es prioritario– expropiar.
Según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), en la actualidad, el 30 por ciento del territorio de la Unión Europea presenta un grado de fragmentación entre moderado y alto según la Estrategia europea sobre la biodiversidad hasta 2020, de modo que el objetivo de esta Estrategia es lograr una red coherente de espacios naturales y seminaturales conectados para 2050.
La estrategia incluye ocho líneas de acción y 50 acciones a corto, medio y largo plazo así como una guía metodológica para que las comunidades autónomas puedan identificar sus redes de infraestructuras verdes en el plazo de tres años, en un país en el que apenas el 9 por ciento de hábitat y el 21 por ciento de las especies se encuentran en buen estado de conservación.
Así, una vez se apruebe este martes la estrategia el siguiente reto será impulsar su aplicación efectiva, algo en lo que el MITECO subraya que deberán estar implicadas todas las administraciones y habrá de ser tenido en cuenta en todas las políticas sectoriales para que la estrategia funcione con programas trienales y un seguimiento del cumplimiento de ellos.
Para el Gobierno esta estrategia es una pieza básica de este gran proyecto de transformación de la sociedad y la economía hacia un modelo inclusivo y supondrá una oportunidad para el empleo verde, sobre todo en las zonas más desfavorecidas y despobladas.
En concreto, se plantea como una herramienta para la gestión de ecosistemas y sus servicios esenciales y parte de la comunicación de la Unión Europea de 2013 en la que insta a los Estados miembro a elaborar sus propias estrategias de infraestructuras verdes orientadas a la conservación de la biodiversidad y al funcionamiento de los ecosistemas.
Desde el Ministerio aclaran que no se trata de establecer una nueva categoría de espacios protegidos, sino de ofrecer conectividad a las múltiples funciones medioambientales de los distintos hábitats en el medio terrestre, marino, rural y urbano.
El objetivo más acuciante es identificar y delimitar las infraestructuras verdes en España, algo para lo que las comunidades autónomas tendrán tres años, de cara a iniciar a continuación las actuaciones para reducir los efectos de su fragmentación; restaurar los ecosistemas; mejorar y restaurar los servicios que estos proveen; incrementar su resistencia al cambio climático; así como mejorar la coordinación que mejore la conectividad de las mismas y, en último término, incorporar la mejora de la conectividad ecológica y la restauración a las distintas políticas sectoriales y lograr una adecuada información y participación de la sociedad.
Fuentes del Ministerio han reflejado que por supuesto sí se contempla la retirada de infraestructuras en caso de que sea necesario para restablecer la funcionalidad de los ecosistemas que, en definitiva, implica la eliminación de impactos siempre que sea posible. Es decir, no se podría retirar una infraestructura necesaria, pero se trata de algo que se estudiará de forma pormenorizada y buscando la mayor rentabilidad.
Por ejemplo, ante la mortandad extraordinaria de aves por impacto en la red eléctrica que el Ministerio admite o los atropellos de faunas, no consistiría en eliminar las redes o las carreteras sino de implantar sistemas para reducir tales impactos.
Si bien, insisten en que la fragmentación del territorio en España es extraordinaria y se ha ido ampliando con alteraciones durante los últimos 50 años, especialmente en las zonas con mayor densidad de población como País Vasco, Cataluña o Madrid, aunque el problema es generalizado.
DEMOLICIONES Y EXPROPIACIONES
Además de demoliciones, entre las posibles soluciones para recuperar la conectividad de los ecosistemas, desde el Ministerio no descartan que se tengan que acudir a la fórmula legal de las expropiaciones por parte de las administraciones. Si bien esto sería en casos muy extraordinarios, puesto que consideran que la conectividad puede acometerse en su mayoría con una gestión adecuada y actuaciones diferenciadas, sin necesidad de hacerse con la propiedad de terrenos.
Desde el departamento que dirige Teresa Ribera prevén que esta estrategia tendrá un impacto muy grande en el medio rural, porque la mayor parte de ella se acometerá en estas zonas donde, además supondrá una fuente de empleo rural.
Con la meta puesta en 2050, el primer hito llegará en tres años, cuando las administraciones autonómicas planteen su propia hoja de ruta y acciones para lograr los objetivos a corto, medio y largo plazo hasta 2050, con un programa de la Administración General del Estado que también se renovará cada tres años.
Respecto al pago de servicios ambientales, si bien no se contempla en esta estrategia, desde el MITECO abogan por incorporar en el futuro este concepto a los análisis macroeconómicos.
De momento, la ambiciosa estrategia no cuenta con una estimación económica precisa de momento, aunque el fuentes ministeriales prevén que las inversiones necesarias en esta materia serán muy cuantiosas pero difíciles de concretar en este momento, ya que conllevarán un trabajo para las próximas tres décadas. No obstante, insisten en que la previsión económica será muy cuantiosa, igual que la estimación de empleo que generará, aunque de momento sería poco fiable hacer una aproximación concreta.
Por último, confían en que las comunidades autónomas cooperarán en esta Estrategia de la que ya son plenamente conscientes a través de las comisiones de participación.
En la actualidad, el 30 por ciento del territorio de la Unión Europea presenta un grado de fragmentación entre moderado y alto. Cada año se ocupan más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio para la construcción de viviendas, usos industriales, carreteras o fines recreativos, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
España comparte esta tendencia y sufre un proceso continuado de fragmentación de ecosistemas desde hace décadas. El valor promedio considerado como umbral crítico de densidad de infraestructuras a partir del cual se empieza a perder la funcionalidad natural del paisaje, donde se acogen poblaciones estables de especies sensibles a la fragmentación, es de 0.6 kilómetros de vía por cada kilómetros cuadrados de superficie, según un estudio de Forman & Alexander, publicado en 1998.
En base a este dato, el Ministerio calcula que el conjunto de las infraestructuras lineales de carreteras estatales, autonómicas y de las diputaciones, este umbral crítico ya se supera en España, con una cifra del 0,61 por ciento, según datos del CSIC en 2016.
La conectividad ecológica es clave para la adaptación al cambio climático por las numerosas especies de fauna y flora silvestres, tanto terrestres como dulceacuícolas y marinas que tendrán que desplazarse para adaptar sus áreas de distribución en respuesta a los cambios en las condiciones climáticas locales y en la composición de la cubierta vegetal. A nivel ecosistémico, el cambio climático afecta no sólo a la extensión y la condición de los ecosistemas, sino también a los servicios que proveen.
