La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha admitido que le «sorprende» que Ciudadanos rechace el plan B jurídico alternativo al estado de alarma que su formación llevará este mismo martes al Pleno de la Cámara cuando, según ha subrayado, ese partido también había solicitado articular instrumentos jurídicos para abandonar la excepcionalidad.
«No sé qué ha cambiado para que Ciudadanos haya pasado de exigir un plan B jurídico al Gobierno a decir a día de hoy que no es necesario, cuando la pandemia no ha terminado y tienen que seguir luchando contra el virus», ha asegurado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, al término de la reunión de la Junta de Portavoces.
En concreto, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha rechazado esa propuesta del PP advirtiendo de que eso permitiría al Gobierno decretar confinamientos y toques de queda sin rendir cuentas ante el Congreso. A cambio, ha planteado mantener el estado de alarma mientras sea necesario, pero exigiendo que el presidente Pedro Sánchez acuda al menos una vez al mes a la Cámara para solicitar su prórroga.
«RESPONSABILIDAD DE SUPLIR UN VACÍO»
Gamarra ha subrayado que los españoles han dado confianza a sus representantes parlamentarios para que, aparte de controlar al Gobierno, lleven a cabo su capacidad legislativa, sobre todo cuando hay «un vacío» como ocurre en este caso. «Tenemos la responsabilidad de suplir ese vacío», ha apostillado.
En este sentido, ha recalcado que «no es admisible» decir a los españoles que «no hay otra posibilidad que el estado de alarma» hasta el fin de la pandemia y la «responsabilidad» de los grupos es articular esos instrumentos para buscar una alternativa después de que el Gobierno no lo haya hecho.
«Por lo tanto, nos sorprende esa posición y ese cambio cuando ellos mismos habían estado planteando la necesidad de un plan B jurídico, pero evidentemente cada grupo tiene su posición muy respetable y los españoles juzgarán si esas posiciones dan respuesta a lo que los españoles necesitan en cada momento», ha recalcado.
RECUERDA QUE EL GOBIERNO APOYABA ESA REFORMA
En este punto, Gamarra ha recordado que el propio Pedro Sánchez se mostró a favor hace meses de «afrontar reformas» de Leyes orgánicas como la Ley 3/1986 en materia de salud pública para «dotar de más instrumentos a las autoridades sanitarias» y ha añadido que públicamente también lo defendieron la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o el titular de Sanidad, Salvador Illa.
Por eso, ha rechazado que esta cuestión pueda tener algún problema de constitucionalidad y ha achacado la posición del Gobierno a que para él es «muchísimo más cómodo» el estado de alarma «y cuánto más largo mejor» como el aprobado recientemente que durará hasta mayo y con «escaso control parlamentario».
Gamarra ha reiterado que el Ejecutivo ha renunciado a buscar ese marco jurídico porque le resulta «más cómodo» el actual escenario de estado de alarma, máxime cuando estos meses, ha dicho, ha demostrado su «capacidad de limitar y de pisotear derechos fundamentales».
«La incoherencia está basada en la comodidad de gobernar restringiendo los derechos y las libertades», ha enfatizado, para añadir que este tipo de mecanismos excepcionales deben ser utilizados el «menor tiempo posible» y los españoles «tomarán nota» de qué partidos están preocupados por evitar esa limitación de libertades lo menos posible.
Ante el hecho de que Vox haya anunciado que votará en contra al plan jurídico del PP, Gamarra ha indicado que «hay más grupos que se sumarán» a la toma en consideración de la proposición de ley del PP –aunque no los ha precisado– y ha agregado que el hecho de que no vaya a tener el apoyo suficiente para que salga adelante «no es causa suficiente para no promover» esa iniciativa.
Así, Gamarra ha recalcado que un partido liberal como el PP, que cree en la democracia y en la «mínima restricción posible» a los derechos fundamentales y las libertades, tiene la «obligación moral» de presentar esta proposición de ley en el Congreso. «A todos se nos va a juzgar por qué papel tuvimos en la pandemia», ha advertido.
LA VACUNACIÓN Y LOS EXPERTOS
Por otra parte, al ser preguntada si el PP cree que sería bueno hacer obligatoria la vacunación contra el Covid-19, Gamarra ha señalado que este asunto abre un debate «interesante», ya que es una cuestión que «necesita un debate jurídico profundo porque afecta a derechos fundamentales».
«Animo a que los debates no sean de blanco y negro, de sí o no, sino que estén basados en la evidencia científica y en lo que recomienden los técnicos y los expertos», ha dicho, para agregar que a partir de ahí se podría analizar qué se debe hacer.
En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que para llevar a cabo esa medida «primero hace falta que haya expertos, segundo que lo recomiendan y avalen y, tercero, un marco jurídico que lo permita».
