El que fuera consejero director general de Iberdrola hasta junio de 2014, José Luis San Pedro, ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza ‘Iberdrola’ de la causa ‘Tándem’ en calidad de investigado, y ha señalado que desconocía que la eléctrica hubiese contratado los servicios del comisario José Manuel Villarejo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, investiga en esta pieza los hasta 17 trabajos que Villarejo habría realizado para Iberdrola desde 2004 hasta 2017. Se da la circunstancia de que en 2004 San Pedro era director de control en la compañía y su departamento visaba facturas de proveedores.
Esos encargos al comisario jubilado que permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017 irían desde presuntas labores de espionaje a intentos de desacreditar tanto a grupos ecologistas como a otras empresas. Y dado el puesto de San Pedro, ha sido preguntado por si conocía que la eléctrica española contratara con Villarejo, algo que ha negado, señalando que en todo caso las facturas emitidas por proveedores eran formalmente correctas, según han explicado fuentes jurídicas que han asistido a la declaración.
Sobre el informe que redactó el exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo, y que fue público en diciembre de 2019, en el que se implicaba a la dirección de la compañía en la contratación del excomisario para trabajos de espionaje, San Pedro, según estas mismas fuentes, ha apuntado que desde su punto de vista, el movimiento que hizo Del Olmo fue para protegerse en la guerra abierta entre Antonio Asenjo, el que fuera responsable de Seguridad de la compañía, y Marcos Peña, su antecesor en la dirección de Seguridad durante la presidencia de Íñigo Oriol.
UN TOTAL DE 17 SERVICIOS
Esta pieza, la número 17 de la macrocausa ‘Tándem’, se abrió en octubre de 2019 a la luz tanto de la documentación intervenida al propio Villarejo tras su detención en 2017 como del material sobre su relación con Iberdrola que venían difundiendo ‘moncloa.com’ y ‘El Confidencial’.
La propia eléctrica anunció en octubre del años pasado que abría una investigación exhaustiva en forma de informe ‘forensic’ para aclarar hasta dónde llegaron las relaciones con Cenyt, la mercantil vinculada a Villarejo mediante la que se habrían ejecutado y facturado los contratos.
El informe fue encomendado a PwC, y se presentó ante el juez en febrero de 2020. Se sumaba a las indagaciones internas ya acometidas en noviembre de 2018 y el pasado mes de julio de 2019 a raíz de la difusión de informaciones que vinculaban a la compañía con la empresa del comisario.
En ambas se determinó que se habían encargado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los años 2004 y 2017, y que tanto en el proceso de contratación como en la posterior facturación se habían seguido todos los controles internos de Iberdrola, según informó en su momento la propia compañía.
