La Fiscalía Provincial de Almería ha endurecido este jueves su acusación contra el Ionel M., el hombre acusado de asesinar a su hijo de ocho años en el sótano de su vivienda en Balerma (Almería) para el que pide inicialmente prisión permanente revisable, al entender que su actuación supuso un «acto de venganza y control final de su pareja» en el marco de la violencia de género, por lo que ha solicitado dicha agravante en su informe final durante el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial.
El Ministerio Público ha introducido esta agravante ante la prueba practicada en sala durante las diferentes sesiones del juicio, entre la que ha valorado especialmente la prestada por los médicos forenses que exploraron al acusado, al que tacharon de «simulador» al tiempo que descartaron que sufriera una «enfermedad metal» o que no supiese lo que hacía cuando «decidió libremente» acabar con la vida del menor en el domicilio familiar en abril de 2018.
Así, ha apuntado que el crimen llega como consecuencia de «una violencia que va creciendo» en el seno de la pareja, con lo que la «explosión de los hechos» se produce en el momento en que se avecina la separación entre ellos. «El asesino no es un hecho aislado, sino que forma parte de un proceso», ha insistido el fiscal Manuel Hermoso, quien conforme a la explicación de los forenses ha apreciado ese «acto de control y dominio hacia su pareja» a través del hijo menor de ambos.
Asimismo, en su informe final ha señalado además las agravantes de parentesco, que facilitó el acceso a la víctima, y de alevosía en este caso en tres vertientes: sorpresiva, ya que hizo bajar al menor al sótano antes de atacarlo por la espalda con un cuchillo que llevaba oculto; de prevalimiento, dada la «descompensación» de fuerzas entre ambos individuos; y por indefensión, puesto que el niño fue conducido a una «ratonera» como era el sótano, al que se accedía por una escalera de caracol y contaba con puertas de acceso, lo que «reducía mucho las posibilidades de escape del menor».
De otro lado, el Ministerio Público ha introducido también la atenuante de confesión, ya que tras producirse el crimen se mantuvo en el lugar hasta la llegada de los agentes, a los que manifestó los hechos; un aspecto ante el que la acusación particular ejercida por la letrada Laura Martínez Rubia ha expresado su discrepancia al entender que «si no reconocía los hechos su fin maquiavélico no tenía sentido», dado que su intención «era hacer daño» a la madre del pequeño.
Las acusaciones sí se han mostrado de acuerdo en desechar la existencia de una alteración psíquica en el momento de los hechos tal y como ha solicitado la defensa, para la que este extremo podría suponer, al menos, una eximente incompleta de responsabilidad. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han subrayado la prueba practicada por los forenses para asegurar que el acusado no actuó ante un «brote psicótico», una versión que habría avalado con su testimonio el médico que trató al acusado en prisión.
En esta línea, han insistido en la actuación calculada del acusado, quien tras ejecutar el crimen fue capaz de lavar el cuchillo, ir a por el hermano de la víctima para mostrarle el cuerpo y llamar «varias veces» a su pareja por teléfono, entre otros comportamientos. «Fue un acto frío», ha resumido el fiscal.
Desde la acusación particular se ha insistido además en que el comportamiento del acusado habría conllevado la comisión de dos delitos de lesiones psíquicas, sobre la madre y hermano de la víctima, a través de un crimen en el que además ha introducido la agravante de ensañamiento al entender que el acusado aumento «deliberadamente el dolor y sufrimiento» del menor.
Por su parte, la defensa ha insistido en el que el acusado confesó el crimen «desde el primer momento» y se ha acogido a la declaración de los «doctores especialistas» quienes aseguraron que el hombre tenía «alteradas sus capacidades psíquicas», por lo que ha estado «más de un año de tratamiento». «El acusado padece una enfermedad mental», ha insistido la defensa, quien aboga por el internamiento del acusado en un centro médico.
La abogada de la defensa ha sostenido a lo largo del juicio que su patrocinado «está diagnosticado de diferentes patologías psiquiátricas» y que, desde un primero momento, «confesó el crimen». «Él no ha negado los hechos, pero tampoco los planeó. Ese día se levantó así y una vez más escuchó voces que le decían: mátalo, mátalo, y lo hizo», mantuvo al tiempo que remarcó que dos años antes estuvo en tratamiento «por la Seguridad Social por un trastorno psicótico de la personalidad».
El juicio, que preside la magistrada Társila Martínez, entra ahora en su recta final con la entrega en los próximos días del objeto de veredicto al jurado popular para su deliberación y pronunciamiento.
HECHOS
Los hechos tuvieron lugar el 20 de abril de 2018, entre las 15,00 y las 15,15 horas, cuando el hombre estaba solo en la vivienda con sus dos hijos ya que su mujer había salido a trabajar a los invernaderos y su cuñado, que vivía con ellos, había ido a dar un paseo.
El fiscal explica el plan bajo el que el acusado habría actuado con la «firme intención» de dar «una muerte cierta» a su hijo menor, para lo que pidió al hermano de la víctima, de once años, que les «dejase a solas».
Así, de acuerdo con el escrito, el hombre pidió al pequeño de ocho años que le acompañase al sótano de la casa, del que «solo se puede salir subiendo unas escaleras hacia la vivienda», mientras que «llevaba escondido un cuchillo».
Una vez a solas en la habitación, donde el menor se encontraba «confiado al estar con su padre y sin posibilidad de huida», el hombre habría sacado «sorpresivamente» el cuchillo con el que, de forma «intencionada», le habría realizado un corte desde atrás, de modo que el pequeño no tuviera posibilidad alguna de repeler la agresión, según el documento.
La Fiscalía expone en un duro relato de los hechos la «gran desproporción de fuerzas entre la víctima y el agresor», del que el menor habría tratado de «soltarse» aunque sin conseguirlo, por lo que falleció por la pérdida de sangre entre las 15,15 y las 15,30 horas.
QUISO HACER DAÑO A LA FAMILIA
El escrito de acusación incide además en la actuación posterior del presunto asesino con respecto a su mujer, a la que habría llamado por teléfono para confesar los hechos, y con respecto a su otro hijo, al que «condujo al lugar del crimen», le mostró el cuerpo y le dijo que «lo había matado porque su madre tenía un amante» al tiempo que le aseguró que a él no lo iba a matar.
Para el Ministerio Público, el acusado actuó sabedor de que la visión del cuerpo del menor iba a producir en su hermano «un profundo desgarro emocional y psíquico» dada su «cruel e inhumana forma de actuar» que ha creado lesiones psíquicas en él por las que aún se encuentra bajo tratamiento.
«Guiado por el mismo ánimo de causar un daño psíquico», el acusado llamó a su mujer y le contó lo que había hecho, por lo que acudió rápidamente al domicilio.
Al llegar a la vivienda, el acusado «persistiendo en su intención de producirle una lesión psíquica», la culpó de la muerte del menor «por no querer irse a Rumanía con él», de forma que ahora podía «quedarse con su amante porque él iba a la cárcel».
La Fiscalía sostiene que, en los años previos al día del crimen y, en concreto, desde que la pareja contrajo matrimonio en octubre de 2006, tuvieron lugar diferentes episodios de violencia de género, ya que el acusado «sometió progresivamente a su esposa a un control cada vez mayor, obsesionado con que tenía un amante».
