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FAPE pide al Gobierno que aclare las funciones del comité

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha instado este jueves al Gobierno a que “aclare cuanto antes” las funciones y cometidos “que tendrá el recién creado comité para la lucha contra la desinformación”, un plan creado por el Ejecutivo para frenar las ‘fake news’ con el que monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios.

En un comunicado, la FAPE ha señalado que la disposición del BOE “deja en el aire” aspectos importantes que “suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo”.

En este sentido, y ante “el riesgo” de que el comité “pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información”, la federación ha recordado que son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, “deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no”.

“Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio”, ha explicado la FAPE, que ha pedido al Ejecutivo a que aclare “cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas adoptará para ello”.

Con todo, ha incidido en que los periodistas son “los primeros interesados en combatir la desinformación” pero ha aclarado que “ese combate debe efectuarse en el marco de la ley”. “Si un medio o un periodista incumplen la ley, para sancionarlos están los tribunales”, ha continuado el comunicado.

Así, la FAPE ha argumentado que la creación del comité “solo tiene sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro los fundamentos de nuestra democracia”. Ha subrayado que “estará muy atenta” a dicho comité para que no sea “utilizado con fines políticos o para limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión”.

“Recordamos que nuestros límites en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que ampara la libertad de prensa y el derecho de información, están en las leyes, en nuestro código deontológico y en la ética personal”, ha concluido la fundación.

El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como ‘fake news’ mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la “difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios”.

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que “uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas” es el acceso a la información veraz.

Así, para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere “oportuna y relevante” para combatir las ‘fake news’. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo “con acciones como la identificación y no contribución a su difusión”.

Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

Por último, el Gobierno ha aclarado en la tarde del jueves que el procedimiento de actuación contra las conocidas como ‘fake news’ va contra injerencias extranjeras y que no busca vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.

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