La exclusión social de las personas de nacionalidad extracomunitaria triplica a la de los autóctonos, según el estudio ‘Fronteres in-visibles’ elaborado por Càritas Diocesana de Barcelona y presentado este jueves en una rueda de prensa.
El acto ha contado con la participación del director del Secretariado Diocesano para la Pastoral con Migrantes, Joan Cabot; la jefa de análisis social y incidencia de Càritas, Miriam Feu; la jefa del programa de migración de Càritas, Elisabet Ureña, y el director de la entidad, Salvador Busquets.
El estudio analiza la vulnerabilidad que sufren las personas migrantes en Catalunya y destaca que los extranjeros tienen una tasa de paro dos veces mayor que los autóctonos y cuatro veces más posibilidades de caer en la pobreza que los españoles.
Según el trabajo, que se basa en entrevistas personales a usuarios de Càritas y datos de la Fundación Foessa, los migrantes también sufren una mayor exclusión que los ciudadanos autóctonos en el ámbito político –66% frente a 6%–, educativo –10% frente a 5%– o de la vivienda –69% frente a 29%–, entre otros.
«[Los migrantes] Son nuestros vecinos y vecinas, los padres y madres de las escuelas de nuestros hijos, los canguros y cuidadores de nuestros familiares… Pero sobre ellos existe una frontera invisible: una barrera administrativa que les impide acceder a los mismos derechos que cualquier otro ciudadano», ha afirmado Feu.
«Las fronteras no sólo pisan la dignidad de las personas, sino que destruyen muchos sueños», ha añadido Cabot, que ha criticado la normalización de la situación de exclusión de las personas en situación irregular, y las vulneraciones de derechos que, ha dicho, viven muchas personas extranjeras en Catalunya y España.
UNA «CARRERA DE OBSTÁCULOS»
Según Feu, las personas migradas viven en España una «auténtica carrera de obstáculos», que empieza al salir de su país por necesidad, y sigue con las dificultades para conseguir una vivienda digna, empadronarse, ser atendidos por los servicios sociales, conseguir trabajo, homologar sus estudios o abrirse una cuenta corriente.
«Es una situación que puede alargarse durante años y que, en ocasiones, puede volver a la casilla de salida, incluso aunque la persona lleve cinco años trabajando o avanzando en los trámites. Es lo que llamamos irregularidad sobrevenida», ha explicado Feu, que ha advertido que esta situación administrativa condiciona las oportunidades de los extranjeros.
«Una situación irregular ubica a las personas a vivir en los márgenes del sistema, optando sólo a trabajos informales –como, por ejemplo, el servicio doméstico– o a realquilar habitaciones, además de exponerles a prácticas abusivas y de explotación», ha afirmado Feu, que ha advertido que esta realidad ha empeorado con la pandemia.
EL IMPACTO DEL COVID-19
La jefa de análisis social y incidencia de Càritas ha alertado que, durante la crisis sanitaria, los hogares que no reciben ningún ingreso han aumentado en 16,9 puntos entre los migrantes, hasta suponer el 25,1% del total; frente al 6,2% de los españoles que se encuentran en la misma situación.
Además, las personas con trabajos informales –muchos, migrantes– han perdido hasta el 73,1% de sus ingresos o han quedado en paro, lo que supone, según Ureña, una barrera más para acceder y mantener la regularidad: «La regularización por arraigo social se consigue con tres años empadronado o un contrato de un año», ha recordado.
Por todo ello, Ureña ha afirmado que «hace falta un cambio en la ley de extranjería» que permita vías seguras y legales para la migración; y que garantice el derecho a la vida en familia y la protección de la infancia, facilitando la reagrupación familiar sin necesidad de tener una vivienda.
PROPUESTAS
Ante esta situación, Càritas ha hecho nueve propuestas y peticiones a las administraciones estatal, autonómica y local, con el objetivo de combatir la exclusión social de los migrantes y proteger sus derechos: desde agilizar la concesión de citas previas para los permisos de residencia, a facilitar los permisos de trabajo.
«Si no regularizamos a los migrantes, empujaremos a todas estas familias y todo su potencial a una calle sin salida. Tendrán que vivir en los márgenes y la segunda generación no podrá sostenerlo. Hacen falta soluciones, ya sea mediante flexibilización, arraigo, cambios para acceder al trabajo o la regularización de los extranjeros», ha dicho Busquets.
