El sector de la educación concertada se ha manifestado este domingo, 22 de noviembre, en Zaragoza bajo los lemas ‘Stop Ley Celaá’ y ‘Más libres, más plurales, más iguales’, para reclamar una ley de Educación «consensuada» y que «no suprima la libertad de los padres para elegir el centro educativo de sus hijos». Así, lo ha explicado la presidenta de Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fecapa) Aragón, Conchita Ibáñez.
Dicha movilización se suma a la de otras ciudades de Aragón y de España, para mostrar su rechazo a la reforma educativa que contiene la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como ‘Ley Celaá’, que se ha aprobado esta semana en el Congreso de los Diputados.
Las protestas se han realizado en coche para evitar contagios de la COVID-19. En concreto, en la capital aragonesa, la salida ha tenido lugar en el Campus Río Ebro y la plaza Paraíso ha sido el punto de llegada.
«Nosotros nos hemos adherido a la plataforma nacional ‘Más Plurales’ porque queremos una ley de Educación con consenso, queremos pluralidad y la convivencia pacífica y de respeto de todas las redes educativas», ha añadido Ibáñez.
La ley supone «la eliminación de la demanda social», ha considerado la presidenta de Fecapa Aragón, al tiempo que ha indicado que «deja la puerta abierta a que se llenen antes las plazas de los centros públicos que la de los concertados».
Asimismo, se ha reivindicando «de una vez por todas» alcanzar un Pacto de Estado por la Educación: «No podemos estar cada cuatro o cinco años cambiando de ley educativa, porque eso, al final, va en perjuicio de los protagonistas de esta historia que son nuestros hijos».
Por su parte, el presidente de las Escuelas Católicas de Aragón, José Luis Sampériz, ha apuntado que «no es el momento de sacar una nueva ley» porque la comunidad educativa y la sociedad en general está volcada en afrontar la pandemia del coronavirus.
Para Sampériz, «no se puede sacar una ley metida por la gatera, sin consenso, sin diálogo». «Entendemos que esta ley estará vigente mientras dure el partido que está gobernando. Llevamos 40 años con ocho leyes educativas diferentes y creo que los ciudadanos nos merecemos un pacto educativo donde sentemos las bases para que nuestros hijos se dediquen a lo que se tienen que dedicar», ha subrayado.
PERJUDICAR A LAS PRÓXIMAS GENERACIONES
En esta línea, se ha manifestado el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), José María Marín, advirtiendo que esta ley «va a perjudicar de una manera muy notable a las próximas generaciones, en caso de que salga adelante».
Según Marín, «una ley tan importante en la que se minan una serie de valores, como son las libertades, hace que la próxima generación, sobre todo, salga poco beneficiada por el contenido que tiene» ya que «la permisividad del paso de curso que facilita que un alumno sin esos principios y valores del esfuerzo pueda terminar unos estudios le va a perjudicar cuando tenga que enfrentarse a la realidad social que le va a tocar vivir».
Los representantes de las organizaciones aragonesas que forman parte de ‘Más Plurales’ creen que se tendría que haber consensuado esta nueva ley, porque «no se ha consultado ni al Consejo General del Estado, ni el Consejo Escolar nacional».
CIERRE DE CENTROS Y DESPIDOS
Además de «recortar los derechos de los ciudadanos», ha señalado el secretario general del sindicato FSIE Aragón, Miguel Malla, esta ley «deja a las administraciones la obligación de planificar previamente a la elección de centros por parte de los padres, lo que ocasionará el cierre de centros en la pública y en la concertada y, además, en la concertada ocasionará el despido de cientos y cientos de profesores».
«A nivel nacional somos unos 150.000 trabajadores –en Aragón 5.000– en la concertada y, en muchas comunidades no van a poder recolocar a los profesores como nosotros en Aragón que tenemos un acuerdo. Son muy pocas las comunidades que tienen ese acuerdo y esa gente irá directamente a la calle», ha criticado Malla.
Por último, la secretaria general de la Federación de Enseñanza USO-Aragón (FEUSO), Rosa de Lima San Nicolás, ha detallado lo siguiente: «Todos los trabajadores, tanto docentes como personal no docente, se van a ver afectados por esta nueva ley. No lo van a hacer de golpe, sino poco a poco, lo que no tendrá tanto impacto en la sociedad y silenciará este problema».
MANIFIESTO
Antes de dar comienzo a la marcha de los coches, se ha procedido a leer un manifiesto, común a toda España, en el que se ha insistido en que la LOMLOE es «fuertemente intervencionista», promueve la «restricción» de derechos y libertades ciudadanas y «atenta» contra la pluralidad del sistema educativo que «es clave en una sociedad democrática».
La proclama también ha recordado que la enseñanza concertada «posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo» y que con esta reivindicación no se busca un enfrentamiento sino «la pacífica y armónica convivencia de las tres redes educativas: pública, privada concertada y privada».
Asimismo, ha exigido al Estado lo siguiente: «Tiene igualmente la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad al alcance de todos».
Para concluir, se ha referido a que a todos –centros, familias, docentes y alumnos– les une el mismo objetivo: «un sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya a una sociedad mejor».
