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La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros.

Según informó la Policía Nacional, las investigaciones comenzaron a finales de 2018. Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.

Los 45 responsables del delito han resultado ser, principalmente, los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que figuraban en connivencia, así como familiares de los primeros, a quienes se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil.

Desde que en el año 2009 comenzaran las actividades de una de las empresas investigadas, jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando hasta la fecha un perjuicio a la Seguridad Social de 376.884,01 euros. Por este hecho, la administradora de la sociedad fue detenida como autora de un delito agravado contra la Seguridad Social.

La falta de voluntad de regularizar la situación con la Seguridad Social ha sido palpable durante estos años, ocultando a la Tesorería General de la Seguridad Social la verdadera situación laboral de la sociedad y su balance económico. A los trabajadores se les pagaba su jornal en metálico, no se les daba de alta en la Seguridad Social ni se les hacían contratos donde se especificaran las horas a trabajar ni el salario que recibir por su desempeño profesional.

A los empleados, pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado y en algunos casos desde el año 2013 hasta la actualidad, no se les abonaba el salario si se ponían enfermos o si se iban de vacaciones.