El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha denunciado, este martes en el Congreso, las carencias detectadas en sus visitas a los centros de internamiento de extranjeros y ha advertido que los servicios públicos del país «cubren lo justito» las «necesidades de las personas que llegan en patera».
Fernández Marugán ha comparecido ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del ramo para explicar los informes relativos a los años 2018 y 2019 El Defensor del Pueblo presenta en el Congreso la actividad del MNP en 2018 y 2019 en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
En su intervención, se ha referido a las diferentes instalaciones en las que se ingresa a los migrantes cuando llegan al país, los Centros de Estancia Temporal de Extranjeros (CATE) y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, según ha apuntado, en ambos hay «carencias».
De hecho, ha señalado que, «dentro de las muchas carencias que tiene el sector público español, las necesidades de las personas que llegan en una patera se cubren lo justito» y ha señalado directamente a problemas como el «hacinamiento, la «mezcla de menores, madres e hijos» o que «no se informa apenas a esas personas de sus derechos» para solicitar protección internacional.
SIN INSTALACIONES ADECUADAS
Como ejemplo, ha señalado la situación que en la actualidad vive la costa Canaria, que este fin de semana ha registrado una llegada masiva de pateras –se han contabilizado 900 personas en 48 horas– y ha tenido que dejar durmiendo a 673 personas en un puerto.
Fernández Marugán ha denunciado, en este sentido, que «no hay unas instalaciones lo suficientemente adecuadas» en España para hacer frente a situaciones como esta.
Es por ello que, el Defensor cree que es el momento de «replantearse seriamente la organización y gestión de los centros de internamiento de extranjeros».
A su juicio, las instalaciones de los CATE y, especialmente, de los CIE «no son adecuadas. En estos últimos, según ha explicado, las instalaciones están «sobredimensionadas» y hay «un problema de especialización de los servidores públicos» que allí trabajan.
MEJOR VIDEOVIGILANCIA Y COMUNICACIÓN
«Creo que la Policía hace bien la tarea de custodia, pero no creo que sus funcionarios sean las personas más adecuadas para desarrollar las funciones a llevar en un CIE», ha señalado. En este sentido, propone «un procedimiento de otra naturaleza más funcional».
También ha abogado por unos CIE con sistemas de videovigilancia «más destacados» de los que ahora tienen. Fernández Marugán ha explicado que su organismo no ha podido cerrar aún el caso de un joven marroquí que se suicidó en el centro de Valencia, porque no tiene toda la información suficiente.
«También se debería facilitar la comunicación entre personas que están en los CIE y los abogados y ONG que los visitan, ha señalado.
En cuanto a los vuelos de repatriación de los migrantes, el Defensor cree que tienen «dos problemas fundamentales»: la «escasez» con la que se les comunica a los migrantes que van a ser devueltos a su país, y «los pocos intérpretes» que hay en los vuelos.
ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MUJERES GITANAS
Durante su comparecencia, Fernández Marugán se ha referido también a la situación de las personas sometidas a penas de privación de libertad de larga duración en donde, según ha indicado, los principales problemas tienen que ver con la aplicación de sujeciones mecánicas, el seguimiento y control de las denuncias de los internos por malos tratos o las deficiencias en la atención sanitaria donde se ha detectado una insuficiencia de dotación de personal sanitario.
En este tema ha explicado, además, que la institución continúa el proyecto iniciado en años anteriores de realizar visitas a centros penitenciarios con perspectiva de género y han formulado, al respecto, recomendaciones para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, para asegurar un uso inclusivo del lenguaje en los formularios penitenciarios, para perfeccionar los datos estadísticos o para incrementar la formación del personal penitenciario en cuestiones de género.
En sus visitas más recientes, ha indicado, se está prestando especial atención a la situación de las mujeres gitanas en prisión, un colectivo por el que el Defensor lleva décadas trabajando.
CENTROS DE MENORES
En cuanto a los centros de internamiento de menores infractores (CIMI), Fernández Marugán ha recordado las muertes de dos jóvenes en dos de estos establecimientos, Melilla y Almería, tras ser sometidos a una sujeción mecánica.
La Institución, según ha indicado, ha seguido prestando especial atención al desarrollo de este tipo de prácticas durante las inspecciones realizadas y además ha solicitado información a las comunidades autónomas sobre este asunto.
El Defensor ha explicado que ya en 2020 ha formulado una recomendación para abolir las sujeciones mecánicas en todos los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional. En su opinión, son prácticas de una «crueldad innecesaria».
Del mismo modo, ha explicado que el Ministerio de Justicia ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar para estudiar la reforma de las contenciones mecánicas, y se ha referido a la reciente decisión del Juzgado de Purchena (Almería) de prohibir el uso de contenciones mecánicas en el centro Tierras de Oria.
Sobre estos lugares, Fernández Marugán ha insistido en que no deberían ser «centros de castigo, sino de rehabilitación para conseguir que los menores a su salida puedan integrarse en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas responsables».
