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Defensa de un detenido reprocha al juez de Voloh que ha “incumplido” la custodia del sumario

La defensa del historiador Josep Lluís Alay, quien fue detenido en la operación Voloh, ha reprochado este viernes al juez instructor de la causa que “ha incumplido” su deber de control y custodia de los archivos del sumario, y ha pedido investigar la filtración y publicación de grabaciones en varios medios de comunicación.

En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, consultado por Europa Press, la defensa, ejercida por Gonzalo Boye, ha expresado su “seria preocupación sobre el cómo se está actuando en el presente procedimiento, así como los fines con él perseguidos las graves filtraciones que se están generando” y que se han publicado en varios medios de comunicación.

“En el presente procedimiento, así lo queremos creer, han existido diversas intervenciones telefónicas a distintos investigados y, por lo que se está publicando en concretos medios de comunicación, dichas escuchas telefónicas no solo no habrían sido objeto del adecuado control jurisdiccional, sino que las mismas están siendo divulgadas”, y recuerda que las escuchas telefónicas afectan al derecho al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad, y afirma que no se debieron conservar aquellas que no están relacionadas con la investigación.

Ve “evidente, por todo lo que se está divulgando, que este Juzgado ha incumplido con dicho deber de control, sin perjuicio de otras responsabilidades que también le corresponden”, y reprocha que las defensas de los investigados no han recibido los audios publicados.

Por eso, pide al juez que tome “todas las medidas indispensables” para evitar más publicaciones de datos, audios, vídeos o fotos, y reclama abrir una pieza separada de la causa para investigarlo.

También pide conocer “quién está custodiando las grabaciones telefónicas y ambientales que se han realizado, cuántas copias de las mismas existen y bajo qué medidas de seguridad se está llevando a efecto dicha custodia”.

INCAUTACIÓN DE TELÉFONOS

Critica que la incautación de los teléfonos de trabajo y personal de Alay “es una medida absolutamente contraria a derecho, desproporcionada, carente de cualquier fundamentación jurídica y, además, que no persigue ninguno de los fines que la Ley establece” para tomar esta medida.

Considera que la incautación, ordenada en un auto del 27 de octubre, “no viene respaldada por ningún tipo de razonamiento jurídico ni esa resolución ha sido notificada a esta parte para poder ejercitar los recursos que la Ley establece ante resoluciones de estas características”.

La defensa también reclama que a Alay se le leyeron sus derechos por hechos que “no solo no son constitutivos de delito, sino que se circunscribirían a una concreta factura del año 2017 que consta unida en las actuaciones”, por lo que considera que la incautación de los móviles no tiene ningún sustento legal, en sus palabras.

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