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Cs pide que el Congreso apoye el manifiesto donde los científicos reclaman criterios técnicos, no políticos

Ciudadanos ha propuesto que el Congreso de los Diputados apoye el manifiesto promovido por 55 sociedades científicas españolas en el que se pide a los gobernantes y a los políticos que dejen a un lado sus batallas, basen las medidas contra el coronavirus en la evidencia científica y establezcan un protocolo nacional con unos criterios comunes para todo el país.

Así lo plantea Cs en una proposición no de ley registrada este viernes para su debate en el Pleno de la Cámara Baja, en la que aboga por que el Congreso se adhiera al manifiesto titulado ‘En ciencia, ustedes mandan, pero no saben’, que fue difundido a principios del mes de octubre.

En este sentido, quiere que el Congreso inste al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar todas las medidas y reformas contenidas en ese deecálogo con el objetivo de garantizar una gestión sanitaria de la pandemia “basada en criterios objetivos, claros, transparentes y comunes para todo el país y asentada sobre la evidencia científica disponible y la experiencia de los profesionales sanitarios”.

Las sociedades científicas que suscriben el documento, y que agrupan a más de 17.000 profesionales sanitarios, se dirigen a Sánchez, a los presidentes de las 17 comunidades autónomas y a los políticos en general, para trasladarles una serie de demandas y ofrecerles sus conocimientos.

Les piden que acepten que las decisiones en la gestión de la crisis del coronavirus “deben basarse en la mejor evidencia científica disponible, desligada por completo del continuo enfrentamiento político”, y defienden “una respuesta coordinada, equitativa y basada exclusivamente en criterios científicos claros, comunes y transparentes”.

PROTOCOLO NACIONAL

Además, previenen contra la “lentitud burocrática en resolver temas legales, técnicos y administrativos” y reclaman “un protocolo nacional que, sin perjuicio de actuaciones territoriales diferenciadas, establezca criterios comunes de base exclusivamente científica, sin la menor interferencia ni presión política”.

Unos criterios que, a su juicio, deben definir normas generales de prevención, manejo de los pacientes afectados, estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros sociosanitarios.

También exigen una reserva estratégica nacional de material destinado a la prevención y al tratamiento de todos los afectados por la Covid-19 y que sean las autoridades sanitarias, “sin ninguna injerencia política”, las que establezcan las prioridades de actuación con respecto a otras enfermedades, cambios organizativos y previsiones adecuadas a cualquier patología.

Por último, las sociedades científicas firmantes del manifiesto apuestan por la flexibilidad y la actualización en el manejo de los recursos sanitarios, que creen que solo se puede llevar a cabo “desde el profundo conocimiento de las ciencias de la salud, unido al verdadero compromiso de incrementar los recursos para investigación”.

ACABAR CON LOS ENFRENTAMIENTOS PARTIDISTAS

En su proposición no de ley, Ciudadanos señala que el coronavirus ha “causado estragos en España”, con más de 1,1 millones de contagios y 35.600 fallecidos oficiales confirmados, que podrían llegar a superar los 50.000 según el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Salud Carlos III.

Tras destacar que España es el sexto país del mundo con más contagios y el séptimo con más fallecidos, los diputados Edmundo Bal y Guillermo Díaz afirman que “son muchos los expertos de todo el mundo que se preguntan cómo es posible que, tras someterse a los españoles a uno de los confinamientos más duros de toda Europa, los indicadores sanitarios sigan siendo los peores” entre los países de nuestro entorno.

Para remediar esta situación, ven conveniente aplicar las recomendaciones recogidas en el manifiesto de los científicos, que en su mayoría ya venía reclamando la formación naranja y que fueron leídas por su presidenta, Inés Arrimadas, durante el Pleno del Congreso de este jueves, en el que se aprobó un nuevo estado de alarma para seis meses.

Cs sostiene que el estado de alarma es una medida “tan contundente como necesaria” porque ampara jurídicamente las actuaciones para frenar la segunda ola de contagios. Sin embargo, recalca que lo importante son las medidas que se tomen bajo ese paraguas legal e insiste en que el Gobierno debe diseñar ya “un verdadero plan nacional” contra la pandemia que podría inspirarse en el manifiesto.

Al presentar la iniciativa parlamentaria, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha defendido que aplicar criterios científicos en la gestión permitiría “dejar a un lado los criterios políticos, los enfrenamientos partidistas, la crispación y el echarse la culpa unas Administraciones a otras”.

REFORZAR LA ALTA INSPECCIÓN SANITARIA

También ha reprochado al Gobierno central que, “para evitar el desgaste político, se borre de la solución del problema” y “deje toda la responsabilidad a las comunidades autónomas”, obviando que “a una epidemia nacional hay que darle una respuesta nacional”.

En este contexto, le ha pedido un coordinador nacional que optimice los recursos sanitarios disponibles y que, cuando sea necesario a causa de la saturación de los hospitales, pueda trasladar a los pacientes de unas comunidades a otras.

Por otro lado, Bal ha afirmado que el Ejecutivo de Sánchez ha cumplido todos las exigencias que le planteó Ciudadanos al negociar su apoyo a las prórrogas del estado de alarma que se aplicó durante los primeros meses de la pandemia, y que la única demanda no satisfecha es el refuerzo de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad.

El diputado ha dicho que, cada vez que tiene ocasión, le recuerda a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que deben tomar esta medida para fortalecer los mecanismos de coordinación de las comunidades autónomas. Pero “no quieren” porque temen que los partidos nacionalistas “le digan que está recentralizando competencias, aunque no es verdad”, ha apuntado.

EL PLAN B

Según ha explicado, este es el único elemento que falta para completar el “plan B” que el partido liberal solicitó al Ejecutivo para cuando finalizase el estado de alarma.

Previamente, se modificó la legislación para establecer la declaración de actuaciones coordinadas en materia sanitaria con los gobiernos autonómicos y para que la ratificación judicial de las medidas frente al coronavirus la hicieran los Tribunales Superiores de Justicia y hubiera una homogeneización de los criterios en España a través de los recursos al Tribunal Supremo.

Respecto al planteamiento del Partido Popular de reformar la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para así no tener que recurrir al estado de alarma en la lucha contra el coronavirus, Bal –que antes de ser diputado trabajaba como abogado del Estado– ha dicho que no es “serio”.

En su opinión, decisiones como el toque de queda nocturno, que restringe derechos fundamentales, hay que adoptarlas con el estado de alarma y “no se puede hacer de otra manera”. En la práctica, lo que propone el PP supondría “cambiar de nombre” al estado de alarma y generar “más confusión a los ciudadanos”, pero las medidas no cambiarían, según Bal.

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